GARA
``Oroimenaren Giltzarria'' es un documento de mínimos, con el que Lau Haizetara Gogoan -según Antton Gómez- quiere establecer con claridad las pautas de comportamiento, las metodologías y las condiciones que las instituciones públicas deben de respetar y cumplir, en el desarrollo integral de la memoria histórica. En la presentación, además, contaron con la presencia de Anthony Doherty, miembro de la asociación irlandesa de defensa de la memoria y derechos de las víctimas del Bloody Sunday de 1972.
Los ejes vertebradores de estas políticas son la investigación de la verdad, la realización de la justicia efectiva y la implementación de medidas de reparación, «incluidas las garantías de no reparación». Este documento, subrayaron desde la coordinadora, adquiere una especial relevancia en el actual contexto de elecciones y de compromisos políticos, para que, tal y como indicó Gómez, «los ciudadanos puedan medir con nitidez la verdadera voluntad de solución de las vulneraciones de derechos que sufren las víctimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado».
Desde Lau Haizetara Gogoan indicaron que los programas de actuación que respeten las condiciones recogidas en ``Oroimenaren Giltzarria» podrán ser acreedores de un distintivo que ayer también se presentó. Con él, explicaron, se quiere mostrar el reconocimiento y validación de la labor realizada por la institución política, científica o agente social implicado.
Entre los planteamientos incluidos en el manifiesto está la exigencia de que se cree una Comisión de la Verdad de Euskal Herria, «como instrumento para, superando las leyes de punto final, recabar la necesaria documentación, obtener elementos indiciarios para el inicio de procesos judiciales y elaborar propuestas de reparación, incluidas las garantías de no repetición».
También se pide que se garantice la participación de las asociaciones de familiares y víctimas del genocidio franquista y del «terrorismo de Estado». Y un aspecto muy importante que se incluye en el documento es la necesidad de que se preserve la existencia de una visión integral y coherente, que pivote sobre la verdad, justicia y reparación. Así, se contempla la elaboración de un censo de todas las personas víctimas de vulneración de derechos o la elaboración de un mapa de fosas, exhumación de resto y de un banco de ADN.
Tampoco se olvidan de impulsar todas las iniciativas que promuevan la anulación de todos los sumarios, expedientes y sentencias condenatorios efectuados por el régimen autoritario. Además, se respaldan todos los pasos necesarios que promuevan la consideración de los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad y genocidio.
En el ámbito de la reparación, destaca la exigencia para que se reconozca la deuda histórica del Estado español para con el euskara y la cultura vasca. También es importante la rehabilitación de funcionarios públicos y trabajadores que fueron víctimas de la depuración ideológica.
Los ejes vertebradores de estas políticas son la investigación de la verdad, la realización de la justicia efectiva y la implementación de medidas de reparación, «incluidas las garantías de no reparación». Este documento, subrayaron desde la coordinadora, adquiere una especial relevancia en el actual contexto de elecciones y de compromisos políticos, para que, tal y como indicó Gómez, «los ciudadanos puedan medir con nitidez la verdadera voluntad de solución de las vulneraciones de derechos que sufren las víctimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado».
Desde Lau Haizetara Gogoan indicaron que los programas de actuación que respeten las condiciones recogidas en ``Oroimenaren Giltzarria» podrán ser acreedores de un distintivo que ayer también se presentó. Con él, explicaron, se quiere mostrar el reconocimiento y validación de la labor realizada por la institución política, científica o agente social implicado.
Entre los planteamientos incluidos en el manifiesto está la exigencia de que se cree una Comisión de la Verdad de Euskal Herria, «como instrumento para, superando las leyes de punto final, recabar la necesaria documentación, obtener elementos indiciarios para el inicio de procesos judiciales y elaborar propuestas de reparación, incluidas las garantías de no repetición».
También se pide que se garantice la participación de las asociaciones de familiares y víctimas del genocidio franquista y del «terrorismo de Estado». Y un aspecto muy importante que se incluye en el documento es la necesidad de que se preserve la existencia de una visión integral y coherente, que pivote sobre la verdad, justicia y reparación. Así, se contempla la elaboración de un censo de todas las personas víctimas de vulneración de derechos o la elaboración de un mapa de fosas, exhumación de resto y de un banco de ADN.
Anular la Ley de Amnistía
En el ámbito de la justicia, Lau Haizetara Gogoan aboga por promover y apoyar las iniciativas que exijan la anulación de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Estiman que la anulación de esta ley es «un principio democrático básico». Asimismo, se pide la activación del protocolo de recogida de testimonios y su correspondiente articulación documental, con el fin de dar validez procesal ante la administración judicial competente.Tampoco se olvidan de impulsar todas las iniciativas que promuevan la anulación de todos los sumarios, expedientes y sentencias condenatorios efectuados por el régimen autoritario. Además, se respaldan todos los pasos necesarios que promuevan la consideración de los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad y genocidio.
En el ámbito de la reparación, destaca la exigencia para que se reconozca la deuda histórica del Estado español para con el euskara y la cultura vasca. También es importante la rehabilitación de funcionarios públicos y trabajadores que fueron víctimas de la depuración ideológica.
