Para quienes aspiran a vivir de la política y perpetuarse en el poder, todo vale si de lo que se trata es de mantenerse visibles ante la ciudadanía. Incluso, si es necesario, se mercadea con el sufrimiento ajeno, aunque durante décadas lo hayan tratado de olvidar, esquivar y, por qué no decirlo, ocultar y negar.
Las elecciones están a las puertas y entramos en una alocada carrera de inauguraciones, estrenos y ofrendas florales. Todo bien medido y controlado, más si cabe, cuando se pisa el vidrioso y contradictorio terreno de la memoria histórica. Decimos vidrioso y contradictorio terreno, porque son éstas mismas personas y partidos quienes han aprobado las vergonzosas leyes de punto final sobre las que se han erigido los últimos 35 años de impunidad. No les importa utilizar el dolor ajeno para realizar una buena campaña de propaganda institucional y a la vez partidista. Está claro que también aquí quieren estar presentes. Pero pretenden hacerlo sin poner en evidencia su parte de responsabilidad en que se de continuidad a la impunidad. Tarea que les será harto difícil, pues los movimientos memorialistas no estamos por colaborar en esa labor.
Desde mediados de los 90 los agentes sociales nos hemos dirigido a las instituciones con el fin de abordar el problema desde los parámetros de la legalidad internacional. Nos han respondido con la arrogancia de quien se cree en posesión de una visión de Estado, aconsejándonos el olvido como remedio a una vulneración de derechos que aún continúa.
En este tiempo hemos seguido soportando las consecuencias de la impunidad, que condena al silencio y al olvido a miles de familiares de personas represaliadas. El siglo XXI traerá consigo una nueva orientación de la política institucional (a pesar de la nula voluntad de la clase política) que será consecuencia de la presión de los movimientos sociales contra la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La primera exhumación realizada con técnicas arqueológicas y forenses de una fosa común con víctimas de la represión franquista fue promovida, en el año 2000, por familias de desaparecidos, y dio origen a una nueva generación del movimiento memorialista. Transcurrirían siete largos años hasta que se aprueba, en 2007, la conocida como “ley de memoria histórica”, que Amnistía Internacional no ha dudado en calificar como nueva "ley de punto final".
Entre 2008 y 2010 hemos presentado ante las instituciones forales y autonómicas sendos programas de intervención, perfectamente presupuestados y en consonancia con la legalidad internacional. Estos gobiernos y los partidos PNV, PSE y PP han rechazado todas las medidas propuestas. Patxi López, Idoia Mendia, Joseba Egibar, Rafaela Romero, Markel Olano..., así como todas las instituciones políticas y científicas relevantes en esta materia, tienen conocimiento de nuestras propuestas de trabajo.
Tal vez, el ejemplo más grave lo tenemos en Gipuzkoa, donde las principales instituciones (Juntas Generales, Diputación y Ayuntamiento de Donostia) han estado inmersas en una grotesca competición para acaparar minutos de pantalla. Plantar un árbol, inaugurar una placa o editar un libro panegírico..., cualquier cosa vale para estar presente en los medios. A las victimas y sus familiares, convidados de piedra, se les recuerda para volver a enterrarles, a condenarles al olvido. Victimas sin identidad personal, política, sindical, cultural… Se quiere pasar página sin hacer justicia ni reparar el daño causado.
La conclusión es clara: el objetivo de estos actos es mantener el estado de impunidad. Si no fuese así, ¿a qué esperan las instituciones para personarse como parte y financiar las denuncias interpuestas por los familiares de las personas desaparecidas, asesinadas, torturadas…? ¿A que esperan para exigir la anulación de las leyes de punto final aún en vigor? ¿A que esperan para exigir la destitución de todos los implicados en los crímenes o para definirse ante la trayectoria política del actual Jefe de Estado, del presidente honorífico del PP (Manuel Fraga Iribarne), de Martín Villa...? ¿A qué esperan para instar a la fiscalía y a la abogacía del Estado a que den inicio a procesos penales contra estos franquistas y sus herederos?
Las medidas mas urgentes se concretan en: (1) recogida de testimonios, siguiendo el protocolo propuesto desde 2002; (2) validación de estos testimonios como prueba judicial; (3) vaciado de toda la información documental actualmente en poder del Gobierno Vasco y su correspondiente cotejo y complementación con el resto de fuentes documentales (incluidos testimonios orales) depositadas en los archivos estatales y de otros países; (4) urgente realización de pruebas de ADN para poder identificar a los represaliados; (5) catalogación, conservación y custodia de toda esta documentación en aras del cumplimiento de los objetivos propuestos por la legalidad internacional; (6) creación de una oficina de asistencia integral a las victimas del franquismo y el terrorismo de Estado y consiguiente financiación de las demandas judiciales de las mismas.
Los representantes institucionales saben que no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades, a riesgo de convertirse en cómplices conscientes y necesarios de la perpetuación de una impunidad tantas veces denunciada por el Comité de DDHH de las Naciones Unidas o el Consejo de Europa, que han instando al Estado español a que ponga fin a esta situación y proceda, de manera urgente, a la constitución de comisiones de investigación de la verdad, para hacer justicia y poner en marcha medidas de reparación.
Desde Lau Haizetara Gogoan, recogiendo las demandas históricas del movimiento memorialista, hemos presentado el documento “Oroimenaren Giltzarria”, con las condiciones mínimas exigibles para la implementación de políticas públicas de recuperación de la memoria histórica, que está destinado a convertirse en instrumento para medir la voluntad real de la clase política. De su aceptación y compromiso ante el mismo, podremos ver la verdadera implicación y deseos de partidos e instituciones de corregir una deuda mantenida en el tiempo con las víctimas del franquismo y el terrorismo de Estado.
