Dieciséis curas que entre los años 60 y mediados los 70 sufrieron persecución, torturas y fueron recluidos en la prisión de Zamora –la cárcel del Concordato especialmente dedicada a la reclusión de sacerdotes por acuerdo entre la Iglesia y el Estado -, se han adherido a la querella que instruye la jueza argentina María Servini de Cubría contra los crímenes del franquismo. “La mayoría hemos padecido múltiples multas que derivaban en prisión, pero destacan sobremanera el número de sumarísimos (6 con 16 condenados) y los juicios por el TOP (15 con 16 condenados) y muchísimas detenciones, muchas en grupo, en ocasiones torturas”, exponen los curas en su denuncia.
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“Todo ello se produjo normalmente por acciones realizadas conjuntamente y siempre por idénticas o similares razones: denuncia de la represión y de la tortura, defensa de los derechos del mundo trabajador, defensa de los derechos nacionales, supuesta colaboración con banda armada. etc., coincidiendo a la postre en tiempo y lugares de reclusión, como se demuestra en el testimonio”, explican los curas.
(Consulte aquí la querella presentada por los sacerdotes contra las torturas del franquismo)
Caso único en el mundo
En cuanto al contexto socio político, señalan: “En lo que se refiere al clero, destaca con luz propia el colectivo de sacerdotes presos recluidos en la cárcel concordataria de Zamora, que se distinguieron por su lucha contra la dictadura en defensa de los derechos nacionales y de la clase obrera, con todos los medios a su alcance. Dicha cárcel, caso único en el mundo, simboliza bien la aguda represión que se les aplicó por el Estado con la complicidad de la Iglesia”.
Protestas desde 1944
Junto a los curas del País Vasco, que fueron quienes más sufrieron esta situación, fueron recluidos en la cárcel de Zamora hasta ocho sacerdotes de Madrid, Cataluña y Galicia, condenados por severos juicios del TOP. En 1944 se produjo una primera protesta cuando curas vascos enviaron al Vaticano una carta en defensa de los derechos humanos. “En mayo de 1960 unos 339 curas del conjunto de Euskal Herria denunciaron que “era delito expresar opiniones distintas a las del Gobierno”, que “en las comisarías de policía de nuestro país se emplea el tormento como método de exploración y búsqueda del transgresor…” .
El uso de la bandera en las iglesias
Otro aspecto que provocó también la denuncia de algunos sacerdotes y costó multas y cárcel fue la utilización que se hacia de la bandera española en algunos actos religiosos, así como la existencia de lápidas a favor de los “caídos a favor de la unidad de España” por cuya desaparición lucharon algunas parroquias con la consiguiente persecución. El documento presentado a la jueza expone cronológicamente una serie de detenciones particulares y colectivas que fueron aumentando a finales de los 60, la primera en 1967, cuando unos 80 curas y religiosos vascos, de sotana, se manifestaron en la calle en solidaridad con trabajadores en huelga”. Nacía entonces el grupo Gogor que aunaba a los curas en sus reivindicaciones.
Suspendidos “a divinis”
En 1968 unos curas se encerraron en el Obispado de Bilbao reclamando del prelado una “respuesta pastoral de la represión generalizada franquista en Bizkaia”, continúa el escrito. Los curas ocuparon también el seminario de Derio ese año exigiendo la intervención del Vaticano. Fueron suspendidos “a divinis”. En 1969 algunos integrantes de Gogor realizaron una huelga de hambre en el obispado de Bilbao “que les costó penas de cárcel de diez y doce años”.
La cárcel concordataria de Zamora,
“Durante estos años, desde 1968 hasta 1977, se abrió en una cárcel especial para los sacerdotes y religiosos vascos. Inicialmente fueron curas vascos los allí encerrados por motivos políticos, posteriormente llegaron otros 13 de Madrid, Barcelona, El Ferrol, todos por razones políticas, salvo unos pocos, por delitos sociales”, explican. Se la llamó la “Cárcel Concordataria”, porque era consecuencia de los acuerdos firmados en el Concordato entre la Iglesia y el Estado Español. “Por ella pasaron en distintos períodos un total de 43 curas y religiosos vascos, algunos en repetidas ocasiones, por distintas multas o motivos. Hubo varios, que tras un tiempo en dicha cárcel, fueron trasladados a cumplir condena a distintos monasterios”.
Prisioneros de la Iglesia y el Estado
Las condenas impuestas a estos sacerdotes y religiosos, que apuntan en su testimonio, eran “prisioneros de la Iglesia y del Estado”, oscilaron entre menos de un año y más de 20 años. “Muchos fueron sancionados por diversas razones con multas que por impago derivaban en la cárcel. Otros sometidos a juicios por Tribunales de Orden Público (TOP); otros a juicios militares o sumarísimos, como los cinco de la huelga de hambre. Dos fueron condenados por supuesta integración o colaboración con ETA y se les aplicó la famosa y salvaje “Ley de bandidaje y terrorismo”.
El acuerdo Iglesia-Estado
Como origen del acuerdo sobre esta prisión citan los denunciantes una carta del obispo de Bizkaia, Pablo Gurpide, al gobernador civil de la provincia en 1968, que dice así: “No habiendo obtenido resultado favorable para obtener una casa eclesiástica para que los sacerdotes sancionados cumplan el arresto (conforme al art. 16 del Concordato vigente) damos nuestra conformidad para que puedan cumplir al arresto supletorio en una penitenciaría del Estado, con tal de que estén en locales distintos a los de los seglares. Aceptamos cumplan arresto en la penitenciaria de Zamora”. Hay quienes opinan que la cárcel de Zamora para curas y religiosos fue una imposición por parte del Gobierno franquista a la Iglesia, que la consintió de mejor o peor grado.
Obispos mediadores
Durante la huelga de hambre que protagonizaron los sacerdotes presos en Zamora, cien personas, entre ellos cuarenta curas, se encerraron en el seminario de Madrid en solidaridad con ellos. También celebraron una asamblea en la Nunciatura del Vaticano. Explican los curas de Zamora que “al parecer, tres obispos auxiliares de Madrid considerados entonces un tanto progresistas, Victorio Oliver, José Manuel Estepa y Alberto Iniesta, ejercieron de mediadores ante el Nuncio y le escribieron: “Con los cristianos que han celebrado esta asamblea, compartimos la preocupación honda por los sacerdotes que se encuentran recluidos en la cárcel de Zamora y que actualmente realizan una huelga de hambre. Pedimos urgentemente que sean trasladados y se cambie el régimen penitenciario que se aplica a dichos sacerdotes”.
Régimen penitenciario de especial dureza
También anotan los curas querellantes que “Monseñor Antonio Palenzuela, declaró al periódico El Norte de Castilla: ‘Lejos de ser tratados con guante blanco, los curas de Zamora, sufrían un régimen penitenciario de especial dureza por la vigilancia innecesaria, la utilización injustificada de celdas de castigo, la ausencia de celdas individuales o la falta de espacio para hacer deporte’. En su opinión, la existencia de la prisión de Zamora constituía una violación del Concordato, “en cuanto que no se ha llegado a un acuerdo sobre la manera en que cada uno de los sacerdotes recluidos ha de cumplir la condena”.