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Desde el comienzo del golpe militar los franquistas crearon centros de detención para los prisioneros. Muchos estaban confinados de modo preventivo a la espera de que se dilucidaran sus “responsabilidades”. Entre ellos había personas detenidas por cuestiones ideológicas o por simples diferencias personales. De modo gradual estos centros se convirtieron en campos de concentración y después se transformaron en un vivero de auténticos esclavos utilizados para la realización de grandes obras de construcción por el Estado y empresas privadas. Así lo denuncia el sindicato CGT en la querella que estudia la jueza argentina María Servini de Cubría.
Para administrar esta mano de obra gratuita se creó el 11 de octubre de 1938 el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT) que luego se llamaría de Nuestra Señora de La Merced. Lo presidía el Jefe del Servicio Nacional de Prisiones y en el figuraban funcionarios de prisiones, del servicio nacional de Prensa y Propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos que más trabajadores empleaban, como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, la Compañía de Caminos de Hierro del Norte, empresas ferroviarias intervenidas y el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas.
De los máximos responsables “creemos que aún puede haber personas vivas”, dice Cecilio Gordillo representante de CGT-Andalucía, sindicato que se ha sumado a la querella y que, a través de su sección de Recuperación de la Memoria Histórica, administra la página web: www.todoslosnombres.org
Pantanos, carreteras y empresas privadas
“Más de 200.000 presos pasaron por ‘trabajos forzados’ en algún momento de su vida carcelaria desde 1938 hasta principio de los años sesenta. El mayor número se registró en los primeros años de la posguerra (1940-1945) y estuvieron presentes en todos los ámbitos del mundo del trabajo. En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron imprescindibles para poner en marcha estas actividades. El número de pantanos construidos e inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos. Lo mismo que las líneas férreas, carreteras, aeropuertos hubieran tardado bastantes años más en entrar en funcionamiento, todas las instituciones del Estado, así como la iglesia y un importante número de grandes, medianas e incluso pequeñas empresas e individuos, se beneficiaron de la existencia de este tipo de presos”, continúa Gordillo, quien cita como ejemplo “a Dragados y Construcciones o Entrecanales y Tavora”. Entre las grandes obras que realizaron los presos se cuenta el Valle de los Caídos.
La empresa paga y el Estado “administra”
Gordillo explica: “Los trabajos de los presos eran de todo tipo. Desde los más duros en la minería y la construcción, hasta la restauración de obras de arte o en arqueología. Un día de trabajo, redimía dos días de pena. Por cada día de trabajo, el Estado cobraba una cantidad a la empresa donde trabajara el preso, y el Estado (no siempre se cumplía) “pagaba” una cantidad a la familia del preso, dependiendo si estaba casado (por la iglesia) y/o tenia hijos (bautizados) con un máximo establecido. A cambio, el Estado le cobraba al preso la comida y la ropa. Si al final le quedaba algo, se le ingresaba en una cartilla de correos que le entregaban cuando salía en libertad (aunque “aconsejaban” que era mejor no pasarse a recoger ese dinero)”.
Hambre y estraperlo
¿Cuántas personas murieron allí? El representante de la CGT apunta: “Pasaron enfermedades y hambre. Mucha de la comida destinada a los campos de concentración terminaba siendo comercializada (estraperlo) por los militares y funcionarios encargados del control. Sabemos que los presos que caían enfermos eran trasladados a las prisiones para ser tratados o para que murieran allí, así no eran achacables –estadísticamente- a los campos ni a los trabajos forzados, por ello es difícil saber con un mínimo de garantía el número de fallecidos”. La mayoría del territorio de España, e incluso Marruecos está lleno de puntos donde intervinieron los presos.
“Vendían la comida los sinvergüenzas”
José Barajas Galiano con 91 años, lo recordaba así en los testimonios publicados por la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia: “Los batallones… Allí fue peor que en la guerra… éramos esclavos y nada más…. Nos habían llevado allí para ‘trabajar’ en la carretera que querían hacer atravesando los Pirineos desde Girona a Irún. (…) Pasamos mucha hambre porque el alférez y el cabo (los muy sinvergüenzas) vendían la comida que era para el batallón: aceite, garbanzos, todo lo que podían…
“Nos pegaban a muerte”
Barajas prosigue en sus recuerdos: “Comíamos hierbas cocidas. Si nos veían coger hierbas y comerlas, nos pegaban patadas con aquellas botas, y golpes con palos. Muchos palos, muchos. Nos pegaban por cualquier cosa, pero a lo duro, a muerte. Cada vez que me acuerdo… murieron muchos compañeros, muchos. Por la noche, como podíamos, nos arrimábamos unos a otros y así nos calentábamos. Cuántas veces al llegar la luz del día, te encontrabas a algún compañero que se había quedado tieso durante la noche. Así era, sabíamos cuántos nos íbamos a dormir, pero no cuántos nos despertaríamos al día siguiente”.
Listas negras
La vida de estas personas tras su puesta en libertad fue dura. “Durante la dictadura muchos estuvieron fichados y por lo tanto ‘las listas negras’ estaban a la orden del día, así como los certificados de penales y de buena conducta formaban parte de lo cotidiano. Haber estado preso, o simplemente detenido, significaba un estigma en todas las facetas de la vida (acceso a los mínimos servicios públicos; viviendas, colegios, universidades, trabajo, pasaportes…”
Miedo a empresas importantes
CGT se sumó a la causa del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional abierto por el juez Baltasar Garzón a quien entregaron 22.400 nombres de asesinados y ahora se han personado en la querella de Argentina. Desde el año 2000 estuvieron buscando en España gabinetes jurídicos dispuestos a pleitear con el Estado por este asunto. “Creemos que los nombres de muchas e importantes empresas y “personajes” echaron para atrás a más de uno. Otros no estaban dispuestos a enfrentarse a lo que significa la transición y la ‘ley de punto final’ que es la Amnistía de 1977″.
Trama civil, militar y empresarial
Gordillo opina en cuanto a los responsables que “fue tal el número de personajes del régimen (trama civil, funcionarios y militares) como de empresarios y terratenientes, que es muy difícil creer que todos hayan desaparecido”. En cuanto a la querella, afirma: “Soy pesimista dado los resultados obtenidos, hasta ahora, en España y Estrasburgo. Siempre hemos perseguido, con este tipo de actuaciones, conseguir que la verdad, la justicia y la reparación, no sean tres palabras vacías de contenido al final de una frase”.
