La Asamblea estubo dinamizado por la Coordinadora Lau Haizetara Gogoan. Fue una Asamblea de puertas abiertas, en el que pudieron participar todas aquellas personas y organizaciones que desarrollan su trabajo en el campo de la Memoria Histórica y la defensa de los Derechos Humanos.
Durante las últimas décadas numerosos pueblos que han sufrido graves vulneraciones de los Derechos Humanos han iniciado procesos de transición democrática y han tenido que poner en marcha, de acuerdo a la legalidad internacional, mecanismos sociopolíticos y jurídicos para la consecución de verdad, justicia y reparación (incluidas las garantías de no repetición) tendentes a superar la situación anterior. Argentina, Uruguay, Chile, Sudáfrica, El Salvador, Ecuador, Guatemala o Perú son claros ejemplos de sociedades que han emprendido, con mayor o menor fortuna, procesos de este tipo en fechas recientes.
Algunos de los hitos en el desarrollo de la Justicia Transicional han sido: 1) los juicios que, como el de Nüremberg, se desarrollaron tras la II Guerra Mundial, 2) la creación de Comisiones de la Verdad en países latinoamericanos y en Sudáfrica, 3) la intervención de distintos organismos internacionales en procesos de paz y desmilitarización, 4) la aprobación, en 1998, del Estatuto de Roma, que establece las bases doctrinales del Tribunal Penal Internacional.
Sin embargo, los avances en la defensa de los DDHH han encontrado trabas representadas, en el plano jurídico, por la aprobación de leyes de “punto final”. En muchos países estas leyes se han ido anulando conforme se consolidaba la democracia. Por el contrario, en el Estado español, sigue vigente la “Ley de Amnistía” de 1977, que en la práctica sirve para garantizar la impunidad de los responsables de la dictadura y, aún hoy, es un freno a la hora de enjuiciar a los responsables de los crímenes cometidos por los responsables del alzamiento militar de 1936 y sus herederos. Todo ello a pesar de que, desde instancias internacionales, el Estado español ha sido amonestado en 4 ocasiones por mantener esta ley y por tanto incumplir los convenios en materia de DDHH que ha firmado.
Aunque la legalidad internacional es favorable a las exigencias de los movimientos memorialistas y de defensa de los DDHH, nos encontramos con que quienes controlan las instituciones del Estado, incluidas las autonómicas y locales, no tiene la voluntad política necesaria para desarrollar líneas de trabajo efectivas. En este contexto deberíamos hacernos al menos 4 preguntas; (1) ¿De que instrumentos metodológicos podemos dotarnos, para poder evaluar las políticas públicas y exigir medidas o programas de actuación para mejorarlas?; (2) ¿Por qué la clase política se niega a actuar o, en el mejor de los casos, lo hace con reticencias? (3) ¿Nuestra labor como movimientos sociales tiene un diseño eficaz para plantear y socializar nuestras demandas? y (4) ¿Cuál sería la manera más efectiva en que podemos contribuir a crear unas condiciones sociopolíticas suficientes para convencer a instituciones, partidos y sindicatos sobre la necesidad de crear una Comisión de la Verdad y desarrollar iniciativas para conseguir la anulación de la “Ley de Amnistía” de 1977" De todo ello debatimos y pusimos ideas en común.
LHG Info:
http://lau-haizetara-gogoan.blogspot.com.es/2012/09/el-palacio-de-aiete-acogio-la-ii.html
