Luis Fuentes. militante de CNT y miembro de la Coordinadora Lau Haizetara GogoanEzkerraBerri Nº20 * E.H
La mayoría de partidos políticos han vendido y venden la transición como un modelo a seguir en materia de reconciliación. La reconciliación, como el perdón, es una decisión personal y no hay ley que obligue. Esa transición, si bien se fraguó mucho antes de 1976, se concreta en los meses anteriores a la muerte del Dictador y Genocida en la conocida como Platajunta, nacida de la unión entre la Junta Democrática del PCE y la Plataforma de Convergencia Democrática del PSOE, a la que se sumaron diferentes corrientes democristianas y otros. Su papel es fundamental para avanzar con los reformistas del Franquismo y con el apoyo clarísimo del Rey, cómo no.
En enero de 1977 se reúnen con Adolfo Suárez la llamada comisión de los nueve donde se fraguó lo que iba a ser la llamada transición.
Además de las luchas obreras y políticas, con muchos sacrificios y muertes contra la dictadura, también había otra realidad de la que partían los reformadores del Franquismo: la banca y los empresarios de las grandes firmas que eran conscientes de la situación económica: una inflación desbocada, una creciente paralización de la actividad productiva con ausencia casi total de inversión, paro rápidamente creciente, y un desequilibrio cada vez más acentuado de los cambios exteriores que se manifestaba en una balanza comercial en creciente déficit, un endeudamiento exterior alarmante y unas fuertes presiones sobre la moneda como consecuencia de una importante evasión de capitales.
Ya se comenzaba a hablar de Europa y tenían que ser competitivos, por lo que no podían seguir con una dictadura pero si con algo diferente, que sin cambiar demasiado pudiera ser aceptado por el capitalismo europeo y sus gobiernos. Es decir, más que una transición lo que se pactó fue una transacción. Se vendió al pueblo, a la clase obrera. Se vendió la memoria de todos esos hombres y mujeres que murieron defendiendo la Libertad, la Democracia, una sociedad mas justa, (la República).
Se nos impuso un Rey solamente elegido por Franco, que juró solemnemente los Principios Nacionales del Movimiento del Dictador, por lo tanto, heredero de sus crímenes, además de responsable de las ultimas penas de muerte firmadas por el gobierno franquista.
Se mantienen todas las estructuras de la represión, como Policía, Guardia Civil, Ejercito y Judicatura sin la más mínima depuración de responsabilidades como consecuencia de 40 años de dictadura y represión. Todo queda borrado en la Ley de Amnistía. No se toca a la Iglesia Católica, autentica colaboradora necesaria de tanto atropello desde 1936 hasta hoy.
Quienes se acostaron franquistas, al día siguiente eran convencidos demócratas. Esos mismos que aún hoy se niegan a condenar el golpe militar y todos los crímenes cometidos durante la dictadura, a que se haga justicia reconociendo a las víctimas y sus familiares, incluso practicando un negacionismo de lo sucedido, como hacen los neonazis negando el holocausto judío, y todo ello sin que se les caiga la cara de vergüenza. Y luego pretenden dar clases de ciudadanía y nos hablan de víctimas.
Se vendió a la clase obrera siguiendo con el sindicato vertical franquista, sin ninguna depuración de los responsables de todos los desmanes cometidos, con miles de detenciones y despidos. Cambiaba en sus formas pero se mantenía en su fondo, con sus elecciones sindicales.
Ahora ya no se llamaban jurados y enlaces sino delegados de comités de empresa.
En esa transacción nacieron los Pactos de la Moncloa, auténticos artífices de todo esto. En ellos, se establecieron cuáles iban a ser las reglas de juego de la “democracia”, por dónde iban a caminar las negociaciones colectivas, cómo se desarrollarían los convenios, etc. Es curioso que en estas negociaciones sólo participaran PCE, PSOE y los reformistas del franquismo.
Pero mientras la CNT se manifestaba en contra en todo el Estado, CCOO, UGT y demás no decían nada. En esos momentos, las asambleas en las fábricas no las controlaban y todavía se mantenían las consignas de “todo el poder a las asambleas”,. Así aceptaron todo lo que iba a ser el movimiento sindical de nuevo cuño (elecciones sindicales, subvenciones, etc.). Eran años de duras luchas obreras para mejorar las condiciones de vida y, en definitiva, una lucha social transformadora de todo lo que había sido la dictadura.
Mientras algunos luchábamos por la ruptura total y absoluta con el franquismo, otros estaban negociando sólo su reforma. La verdad es que por la ruptura estábamos pocos, salvo partidos pequeños, solo la CNT y, en Euskal Herria, la Izquierda Abertzale.
Al igual que PSOE y PCE firmaron aquel pacto de la Moncloa, su líneas sindicales UGT y CC.OO firmaron todas las reconversiones industriales que les pusieron delante.
Y así hemos llegado hasta hoy, con un movimiento sindical dependiente de las subvenciones y aceptado por la Patronal y el Estado como interlocutores mayoritarios, cuando la realidad es que su afiliación es mínima.
Amnistía de 1977 ¿Amnistía o indulto?
Se nos vendió como amnistía lo que en la realidad era sólo era un indulto de todos los “delitos” de los luchadores
contra el franquismo, por ello los expedientes archivados no fueron anulados como corresponde. Sí fue una amnistía para los responsables y ejecutores de los crímenes cometidos por la Dictadura desde 1936 hasta hoy, como se recoge en su art. 2 que establece que no se podrá juzgar ningún delito cometido por, miembros de fuerzas del orden, jueces, militares ni responsables políticos. Borrón y cuenta nueva, era según los firmantes el tributo que los “demócratas” debíamos pagar para esa “reconciliación nacional” entre los “dos bandos”.
Las direcciones de los partidos firmantes PSOE, PCE, PNV, etc. antepusieron sus intereses sectarios, confundidos con los propios de una nueva “nomenclatura”. Ellos serían los nuevos gestores del aparato. En definitiva, una ley de punto final para los crímenes del franquismo.
Después de 36 años de “democracia”, ha tenido que venir del Alto Comisionado Para los Derechos Humanos de la ONU para “recomendar” al Gobierno Español la derogación de la Ley de Amnistía del 77, ya que los delitos de genocidio no prescriben y que la propia Comisión investigue varios de los casos presentados por familiares, organizaciones o movimientos memorialistas, dice mucho de la llamada transición y de la “democracia” tan cacareada
del Estado Español.
La propia Audiencia Nacional reconoce que los crímenes cometidos del 36 a 1951 son 114.226, más los 30.960 niños robados y entregados a las familias franquistas.Somos el segundo país del mundo en desapariciones forzadas tras Camboya. verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esta es la clave de toda la lucha real contra la impunidad del franquismo.
Ha tenido que intervenir la justicia de otro país (Argentina) para investigar estos crímenes de lesa humanidad cometidos en el Estado Español, pese a que la Audiencia Nacional tiene todos los datos de las desapariciones forzadas.
Es una jueza argentina, a través de las denuncias presentadas, la que ha comenzado las tomas de declaración, dictado los primeros autos de detención de torturadores. En breve, esperamos ver a muchos de los asesinos y responsables políticos en la tesitura de no poder salir del Estado por no ser detenidos por la INTERPOL.
Ante todo esto, que en Euskal Herria haya una Ponencia (comisión) dirigida por Jonan Fernandez sobre las víctimas y sus familiares sólo desde 1960 es una bofetada a todas esas víctimas y familiares de 114.226 desaparecidos y a esos 30.960 niños robados. La cobardía política de estos partidos es clara, plegados a las directrices de los herederos políticos del franquismo. El sr. Fernández. a pesar de los intentos para que se tengan en cuenta a todas las víctimas desde 1936, ha hecho oídos sordos, porque “no es políticamente correcto”. Igualmente lamentable es que Urkullu rememore los Pactos de la Moncloa como modelo para salir de la crisis.
Deberían avergonzarles los llamamientos de organismos internacionales para que lleve a cabo una investigación de lo aquí sucedido, para que se asuman las responsabilidades que correspondan, para que se anule esa ley de punto final, para que se haga Justicia, para que sean anulados todos los juicios de un gobierno ilegítimo y se haga Reparación de todos esos nombres de hombres y mujeres vilipendiados, además de asesinados, y podamos tener garantías de no Repetición. Cuestión esta de dudosa actualidad, viendo por dónde van los derroteros de la política del PP, así como el crecimiento y envalentonamiento
de los fascistas, con ataques a todo lo signifique libertad, solidaridad e igualdad.
Comenzar de nuevo es la única posibilidad de cambiar las cosas, entendiendo y aprendiendo de los errores, para que de nuevo no caminemos a una segunda transición sin haber hecho bien la primera.
