Durango 1936 (Komikia)
Durango 1936 * E.H
1937ko udaberriko lehenengo egunak dira. Mari eta Martin neska-mutikoak, aittitte Eleuteriogaz batera, Durangora bidean doaz tropa faxistak Intxortako frontearen kontrako azkeneko erasoaldiari ekitear direla.
Martxoaren hogeita hamaikagarrenean faxistek errukirik barik bonbardatuko dituzte Elorrio eta Durango, gure protagonistak sarraskiaren lekuko direla. Berandu barik, faxistek hankapean hartuko dute Durangaldea, eta euren eskutik etorriko dira mendekua, umiliazioa, erbestealdi luzeak...
Gure herriak gogoratzen duen udaberririk ankerrena izan zen 1937ko hura. Oraindino eta ankerragoa haur baten begietara.
martes, 20 de diciembre de 2011
Sobre el “centro de la memoria”
Lau Haizetara Gogoan * E.H
La coordinadora Lau Haizetara Gogoan, que agrupa a gran parte de los colectivos memorialistas de Euskal Herria, hace una valoración sobre el debate desarrollado en el parlamento de Gasteiz, el día 16 de diciembre, sobre la necesidad de crear un “Centro de la Memoria”, destinado a recordar exclusivamente a las denominadas “Víctimas del Terrorismo”, que excluye a las víctimas causadas por la rebelión militar de 1936, la dictadura franquista y el terrorismo de Estado. Lau Haizetara Gogoan considera que una iniciativa llevada a cabo desde tales planteamientos vulnera el derecho, reconocido por la legalidad internacional, que tienen todas las víctimas a obtener verdad, justicia y reparacion (incluidas las garantías de no repetición) y supone una clara discriminación hacia la mayor parte de las víctimas de las vulneraciones de los Derechos Humanos que se han producido en Euskal Herria.
El día 16 de diciembre se ha debatido en el parlamento de Gasteiz sobre la necesidad de crear un “Centro de la Memoria”, dedicado a recordar exclusivamente a las denominadas “Víctimas del Terrorismo” (es decir, víctimas de ETA, GAL y otros grupos armados), dejando fuera a quienes consideran como víctimas de “abusos y excesos policiales” o de “violencia de motivación política” (términos acuñados para evitar reconocer que dichas personas son en realidad “Victimas del terrorismo de Estado”). Excluye y discrimina, asimismo, a todas las víctimas de la rebelión militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista.
Existen numerosas experiencias de creación de Centros de la Memoria en aquellos países que han sufrido la violencia como instrumento político de imposición y represión sobre la ciudadanía, desde los que recuerdan la brutalidad ejercida por los regímenes dictatoriales y genocidas, como Nazismo alemán o el Fascismo italiano, hasta aquellos construidos en países que han sufrido, más recientemente, las consecuencias del terrorismo de Estado ejercido contra la disidencia política (Sudáfrica, Argentina, Chile, Uruguay, etc.) Todos ellos, a diferencia del que pretende crear el Gobierno Vasco, se han desarrollado como fruto de programas de actuación políticos, sociales e institucionales en los se han abordado, de manera integral, los 3 ejes fundamentales establecidos en la legalidad internacional para la superación de situaciones de vulneración de derechos: (1) la investigación de la verdad, (2) la aplicación de la justicia efectiva, y (3) la puesta en marcha de medidas de reparacion, incluidas las garantías de no repetición. En la mayoría de estos países el proceso ha incluido la creación de Comisión de la verdad, una medida a la que se ha opuesto el partido que actualmente gestiona el Gobierno Vasco.
A través de este “Centro de la Memoria” se pretendería proyectar un marco de trabajo excluyente, incompatible con la creación de otros Centros de la Memoria sobre la base de otras visiones, igual de reales, en las que el análisis de las vulneraciones de derechos tengan su propio desarrollo histórico y su propio marco sociopolítico de explicación. Antes de crear un centro de este tipo sería necesario: (1) construir un relato integral sobre las múltiples violencias habidas en la historia reciente de nuestro país; (2) definir las responsabilidades y resarcimientos que en justicia correspondan; y (3) proyectar la mirada hacia el pasado como fuente de enseñanza para que las vulneraciones de derechos no vuelvan a repetirse.
La creación de un “Centro de la Memoria” planteados en los términos antes mencionados, supondría una cruel discriminación hacia miles de ciudadanos vascos muertos, heridos, encarcelados, torturados y víctimas de todo tipo de vulneraciones de los derechos humanos, desde 1936 hasta la actualidad. Quienes niegan los derechos de estas víctimas se convierten en cómplices de los criminales, en la medida en que contribuyen a mantener en el tiempo las consecuencias de sus crímenes.
La coordinadora Lau Haizetara Gogoan, que agrupa a gran parte de los colectivos memorialistas de Euskal Herria, hace una valoración sobre el debate desarrollado en el parlamento de Gasteiz, el día 16 de diciembre, sobre la necesidad de crear un “Centro de la Memoria”, destinado a recordar exclusivamente a las denominadas “Víctimas del Terrorismo”, que excluye a las víctimas causadas por la rebelión militar de 1936, la dictadura franquista y el terrorismo de Estado. Lau Haizetara Gogoan considera que una iniciativa llevada a cabo desde tales planteamientos vulnera el derecho, reconocido por la legalidad internacional, que tienen todas las víctimas a obtener verdad, justicia y reparacion (incluidas las garantías de no repetición) y supone una clara discriminación hacia la mayor parte de las víctimas de las vulneraciones de los Derechos Humanos que se han producido en Euskal Herria.
El día 16 de diciembre se ha debatido en el parlamento de Gasteiz sobre la necesidad de crear un “Centro de la Memoria”, dedicado a recordar exclusivamente a las denominadas “Víctimas del Terrorismo” (es decir, víctimas de ETA, GAL y otros grupos armados), dejando fuera a quienes consideran como víctimas de “abusos y excesos policiales” o de “violencia de motivación política” (términos acuñados para evitar reconocer que dichas personas son en realidad “Victimas del terrorismo de Estado”). Excluye y discrimina, asimismo, a todas las víctimas de la rebelión militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista.
Existen numerosas experiencias de creación de Centros de la Memoria en aquellos países que han sufrido la violencia como instrumento político de imposición y represión sobre la ciudadanía, desde los que recuerdan la brutalidad ejercida por los regímenes dictatoriales y genocidas, como Nazismo alemán o el Fascismo italiano, hasta aquellos construidos en países que han sufrido, más recientemente, las consecuencias del terrorismo de Estado ejercido contra la disidencia política (Sudáfrica, Argentina, Chile, Uruguay, etc.) Todos ellos, a diferencia del que pretende crear el Gobierno Vasco, se han desarrollado como fruto de programas de actuación políticos, sociales e institucionales en los se han abordado, de manera integral, los 3 ejes fundamentales establecidos en la legalidad internacional para la superación de situaciones de vulneración de derechos: (1) la investigación de la verdad, (2) la aplicación de la justicia efectiva, y (3) la puesta en marcha de medidas de reparacion, incluidas las garantías de no repetición. En la mayoría de estos países el proceso ha incluido la creación de Comisión de la verdad, una medida a la que se ha opuesto el partido que actualmente gestiona el Gobierno Vasco.
A través de este “Centro de la Memoria” se pretendería proyectar un marco de trabajo excluyente, incompatible con la creación de otros Centros de la Memoria sobre la base de otras visiones, igual de reales, en las que el análisis de las vulneraciones de derechos tengan su propio desarrollo histórico y su propio marco sociopolítico de explicación. Antes de crear un centro de este tipo sería necesario: (1) construir un relato integral sobre las múltiples violencias habidas en la historia reciente de nuestro país; (2) definir las responsabilidades y resarcimientos que en justicia correspondan; y (3) proyectar la mirada hacia el pasado como fuente de enseñanza para que las vulneraciones de derechos no vuelvan a repetirse.
La creación de un “Centro de la Memoria” planteados en los términos antes mencionados, supondría una cruel discriminación hacia miles de ciudadanos vascos muertos, heridos, encarcelados, torturados y víctimas de todo tipo de vulneraciones de los derechos humanos, desde 1936 hasta la actualidad. Quienes niegan los derechos de estas víctimas se convierten en cómplices de los criminales, en la medida en que contribuyen a mantener en el tiempo las consecuencias de sus crímenes.
lunes, 12 de diciembre de 2011
miércoles, 7 de diciembre de 2011
La Diputación de Gipuzkoa y las víctimas del franquismo
Lau Haizetara Gogoan * E.H
La coordinadora Lau Haizetara Gogoan, que agrupa a gran parte de los colectivos memorialistas de Euskal Herria, se posiciona ante el homenaje institucional a las Víctimas del Franquismo anunciado por la Diputación de Gipuzkoa para el próximo día 14 de diciembre. Lau Haizetara Gogoan recuerda que los actos de reconocimiento simbólico no son un fin en si mismos, sino que deben estar integrados en un conjunto que reconozca los derechos que tienen las víctimas a la verdad, la justicia y la reparacion (incluidas las garantías de no repetición) y acompañados de programas de Recuperación de la Memoria Histórica que cumplan con los estándares establecidos por la legalidad internacional. De lo contrario, nos volveríamos a encontrar con que estos homenajes derivan en meros actos de propaganda institucional .
La Diputación de Gipuzkoa ha anunciado la celebración de un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas de la dictadura franquista. Este evento viene a sumarse a otros realizados en los dos últimos años de la anterior legislatura, convocados y protagonizados por la Diputación (gobernada por PNV/Hamaika1), el Ayuntamiento de Donostia (el 11/XII/2010) y las JJGG de Gipuzkoa (3/III/2011), dirigidas por el PSE. En todos estos actos la ausencia de los movimientos memorialistas ha sido un hecho evidente. Una ausencia tanto física como en lo que se refiere a los objetivos defendidos por aquellos que trabajamos por la consecución de los derechos que asisten a las víctimas del genocidio franquista y el terrorismo de estado, derechos recogidos en la legalidad internacional: derecho a la verdad, derecho a la justicia efectiva, derecho a la reparación, incluidas las garantías de no repetición. La inexistencia, por parte de las instituciones, de un compromiso firme por defender y desarrollar estos objetivos hizo que LHG no estuviese presente en dichos eventos, que el tiempo ha demostrado que han tenido un carácter exclusivamente propagandístico. Si no hubiese sido así, hoy contaríamos con un censo documentado de represaliados, se habría activado un programa de actuación para la recogida de los testimonios de las victimas (con su correspondiente validación judicial), existiría un banco de pruebas de ADN para la identificación de los desaparecidos, etc. Si la voluntad de los partidos que entonces gobernaban estas instituciones hubiese sido la defensa de los Derechos Humanos hoy estaría organizada una oficina de asistencia integral a las victimas del franquismo y el terrorismo de Estado, con la consiguiente financiación de las demandas judiciales de las victimas o sus familiares. A nada de esto quisieron comprometerse, a pesar de las numerosas interpelaciones que se les hicieron desde Lau Haizetara Gogoan.
En esta ocasión, en la que la Diputación de Gipuzkoa (gobernado por Bildu), organiza un "nuevo" acto de homenaje a las víctimas del franquismo, desearíamos comprobar que la intencionalidad de los nuevos regidores va más allá del objetivo meramente propagandístico. Lo deseamos, porque necesitamos superar los duros años de inexistencia de unas políticas públicas de recuperación de la memoria histórica y porque es de justicia que, de una vez por todas, esta cuestión se analice y se aborde desde la perspectiva de la legalidad internacional. Lo deseamos porque necesitamos que todo esto transcurra por distintos derroteros a los desarrollados estos últimos años.
En la medida en que esto fuese así, Lau Haizetara Gogoan participaría en cuanto actos simbólicos de homenaje se promuevan y en los que las organizaciones memorialistas tengan voz y espacio propios. Lamentablemente no podemos decir que existan, por parte de la Diputación de Gipuzkoa, unas mínimas garantías de que exista una voluntad clara de abordar la recuperación de la memoria histórica en los términos expresados. Reiteramos nuestra invitación a celebrar una reunión para hablar sobre todos estos temas, reunión que fue solicitada a las pocas semanas de la constitución del Gobierno de la Diputación, solicitud reiterada posteriormente en varias ocasiones. Aún no hemos recibido contestación alguna.
La coordinadora Lau Haizetara Gogoan, que agrupa a gran parte de los colectivos memorialistas de Euskal Herria, se posiciona ante el homenaje institucional a las Víctimas del Franquismo anunciado por la Diputación de Gipuzkoa para el próximo día 14 de diciembre. Lau Haizetara Gogoan recuerda que los actos de reconocimiento simbólico no son un fin en si mismos, sino que deben estar integrados en un conjunto que reconozca los derechos que tienen las víctimas a la verdad, la justicia y la reparacion (incluidas las garantías de no repetición) y acompañados de programas de Recuperación de la Memoria Histórica que cumplan con los estándares establecidos por la legalidad internacional. De lo contrario, nos volveríamos a encontrar con que estos homenajes derivan en meros actos de propaganda institucional .
La Diputación de Gipuzkoa ha anunciado la celebración de un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas de la dictadura franquista. Este evento viene a sumarse a otros realizados en los dos últimos años de la anterior legislatura, convocados y protagonizados por la Diputación (gobernada por PNV/Hamaika1), el Ayuntamiento de Donostia (el 11/XII/2010) y las JJGG de Gipuzkoa (3/III/2011), dirigidas por el PSE. En todos estos actos la ausencia de los movimientos memorialistas ha sido un hecho evidente. Una ausencia tanto física como en lo que se refiere a los objetivos defendidos por aquellos que trabajamos por la consecución de los derechos que asisten a las víctimas del genocidio franquista y el terrorismo de estado, derechos recogidos en la legalidad internacional: derecho a la verdad, derecho a la justicia efectiva, derecho a la reparación, incluidas las garantías de no repetición. La inexistencia, por parte de las instituciones, de un compromiso firme por defender y desarrollar estos objetivos hizo que LHG no estuviese presente en dichos eventos, que el tiempo ha demostrado que han tenido un carácter exclusivamente propagandístico. Si no hubiese sido así, hoy contaríamos con un censo documentado de represaliados, se habría activado un programa de actuación para la recogida de los testimonios de las victimas (con su correspondiente validación judicial), existiría un banco de pruebas de ADN para la identificación de los desaparecidos, etc. Si la voluntad de los partidos que entonces gobernaban estas instituciones hubiese sido la defensa de los Derechos Humanos hoy estaría organizada una oficina de asistencia integral a las victimas del franquismo y el terrorismo de Estado, con la consiguiente financiación de las demandas judiciales de las victimas o sus familiares. A nada de esto quisieron comprometerse, a pesar de las numerosas interpelaciones que se les hicieron desde Lau Haizetara Gogoan.
En esta ocasión, en la que la Diputación de Gipuzkoa (gobernado por Bildu), organiza un "nuevo" acto de homenaje a las víctimas del franquismo, desearíamos comprobar que la intencionalidad de los nuevos regidores va más allá del objetivo meramente propagandístico. Lo deseamos, porque necesitamos superar los duros años de inexistencia de unas políticas públicas de recuperación de la memoria histórica y porque es de justicia que, de una vez por todas, esta cuestión se analice y se aborde desde la perspectiva de la legalidad internacional. Lo deseamos porque necesitamos que todo esto transcurra por distintos derroteros a los desarrollados estos últimos años.
En la medida en que esto fuese así, Lau Haizetara Gogoan participaría en cuanto actos simbólicos de homenaje se promuevan y en los que las organizaciones memorialistas tengan voz y espacio propios. Lamentablemente no podemos decir que existan, por parte de la Diputación de Gipuzkoa, unas mínimas garantías de que exista una voluntad clara de abordar la recuperación de la memoria histórica en los términos expresados. Reiteramos nuestra invitación a celebrar una reunión para hablar sobre todos estos temas, reunión que fue solicitada a las pocas semanas de la constitución del Gobierno de la Diputación, solicitud reiterada posteriormente en varias ocasiones. Aún no hemos recibido contestación alguna.
sábado, 3 de diciembre de 2011
Sobre el Valle de los Caídos
Los herederos políticos del franquismo, ya han manifestado su voluntad de frenar cualquier política orientada a reconocer los derechos de las victimas de la dictadura y el terrorismo de Estado.
Lau Haizetara Gogoan * E.H
En fechas recientes se han dado a conocer las recomendaciones de la “comisión de expertos” creada por el Gobierno del PSOE con el objetivo de determinar el futuro del monumento funerario de exaltación del fascismo conocido como “Valle de los Caídos”, construido con el trabajo forzado de miles de antifascistas.
Han pasado 75 años desde el alzamiento militar del 18 de julio, 36 desde la muerte de Franco y más de tres décadas desde que se empezó a proclamar a los cuatro vientos que vivimos en un Estado democrático y “de derecho”. Han pasado ya 4 años desde que se aprobó la ley conocida como “ley de memoria histórica”, una ley que los movimientos memorialistas juzgamos como insuficiente e insatisfactoria para las víctimas del franquismo, una ley que, a día de hoy, ni siquiera ha cumplido sus muy limitados objetivos.
Es inadmisible que, en un Estado que se dice democrático y aconfesional, se plantee la necesidad de pedir la autorización de la Iglesia Católica para trasladar los restos de un criminal genocida como Francisco Franco, cuando la misma presencia de la Iglesia en el Valle de los Caídos es consecuencia directa del apoyo que la misma prestó al régimen franquista (autodenominado Nacional-Católico) y de la especial situación de privilegio que la dictadura otorgó a esta confesión religiosa.
Es inadmisible que los restos de miles de luchadores antifascistas (más de un millar procedentes de Euskal Herria), que fueron trasladados al Valle de los Caídos sin el consentimiento, e incluso sin el conocimiento, de sus familiares, permanezcan en ese lugar. Tampoco podemos aceptar que, con los métodos científicos disponibles en 2011 para la identificación de restos humanos, se hable de la imposibilidad de conocer las identidades de las personas enterradas en el Valle de los Caídos. Se hace necesaria, entre otras medidas, la creación de un banco de ADN para facilitar la entrega de los restos a los familiares, tal como demandan los movimientos memorialistas.
Es inadmisible que se plantee el futuro del Valle de los Caídos desde la equidistancia y el reconocimiento a las víctimas “de los dos bandos” de la “guerra civil”, cuando los únicos responsables del enfrentamiento armado y de la subsiguiente represión, fueron los militares sublevados el 18 de julio de 1936, apoyados por la clase terrateniente, la burguesía y la iglesia. La respuesta armada de los milicianos republicanos y gudaris antifascistas, se formó con un carácter netamente defensivo.
Es inadmisible que, cuatro años después de la aprobación de la “ley de memoria histórica”, el máximo símbolo material de los crímenes del franquismo y de la impunidad de sus responsables, como el Valle de los Caídos, pueda seguir siendo defendida por los herederos políticos del régimen franquista, como el baluarte de los valores históricos y culturales de la España eterna.
Es inadmisible que todo esto se plantee en un momento en el que el Gobierno que impulsó la “ley de memoria histórica” se encuentra actualmente en funciones y cuando el próximo Gobierno que vaya a formarse en el Estado, estará constituido, en una gran parte, por los herederos políticos directos del franquismo, que son quienes ya han manifestado su clara voluntad de frenar cualquier política orientada a reconocer los derechos a las victimas del alzamiento militar de 1936, la dictadura franquista y el terrorismo de Estado.
Lau Haizetara Gogoan * E.H
En fechas recientes se han dado a conocer las recomendaciones de la “comisión de expertos” creada por el Gobierno del PSOE con el objetivo de determinar el futuro del monumento funerario de exaltación del fascismo conocido como “Valle de los Caídos”, construido con el trabajo forzado de miles de antifascistas.
Han pasado 75 años desde el alzamiento militar del 18 de julio, 36 desde la muerte de Franco y más de tres décadas desde que se empezó a proclamar a los cuatro vientos que vivimos en un Estado democrático y “de derecho”. Han pasado ya 4 años desde que se aprobó la ley conocida como “ley de memoria histórica”, una ley que los movimientos memorialistas juzgamos como insuficiente e insatisfactoria para las víctimas del franquismo, una ley que, a día de hoy, ni siquiera ha cumplido sus muy limitados objetivos.
Es inadmisible que, en un Estado que se dice democrático y aconfesional, se plantee la necesidad de pedir la autorización de la Iglesia Católica para trasladar los restos de un criminal genocida como Francisco Franco, cuando la misma presencia de la Iglesia en el Valle de los Caídos es consecuencia directa del apoyo que la misma prestó al régimen franquista (autodenominado Nacional-Católico) y de la especial situación de privilegio que la dictadura otorgó a esta confesión religiosa.
Es inadmisible que los restos de miles de luchadores antifascistas (más de un millar procedentes de Euskal Herria), que fueron trasladados al Valle de los Caídos sin el consentimiento, e incluso sin el conocimiento, de sus familiares, permanezcan en ese lugar. Tampoco podemos aceptar que, con los métodos científicos disponibles en 2011 para la identificación de restos humanos, se hable de la imposibilidad de conocer las identidades de las personas enterradas en el Valle de los Caídos. Se hace necesaria, entre otras medidas, la creación de un banco de ADN para facilitar la entrega de los restos a los familiares, tal como demandan los movimientos memorialistas.
Es inadmisible que se plantee el futuro del Valle de los Caídos desde la equidistancia y el reconocimiento a las víctimas “de los dos bandos” de la “guerra civil”, cuando los únicos responsables del enfrentamiento armado y de la subsiguiente represión, fueron los militares sublevados el 18 de julio de 1936, apoyados por la clase terrateniente, la burguesía y la iglesia. La respuesta armada de los milicianos republicanos y gudaris antifascistas, se formó con un carácter netamente defensivo.
Es inadmisible que, cuatro años después de la aprobación de la “ley de memoria histórica”, el máximo símbolo material de los crímenes del franquismo y de la impunidad de sus responsables, como el Valle de los Caídos, pueda seguir siendo defendida por los herederos políticos del régimen franquista, como el baluarte de los valores históricos y culturales de la España eterna.
Es inadmisible que todo esto se plantee en un momento en el que el Gobierno que impulsó la “ley de memoria histórica” se encuentra actualmente en funciones y cuando el próximo Gobierno que vaya a formarse en el Estado, estará constituido, en una gran parte, por los herederos políticos directos del franquismo, que son quienes ya han manifestado su clara voluntad de frenar cualquier política orientada a reconocer los derechos a las victimas del alzamiento militar de 1936, la dictadura franquista y el terrorismo de Estado.
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