domingo, 17 de julio de 2011
Documento de mínimos “Oroimenaren Giltzarria”
Lau Haizetara Gogoan * E.H
“Oroimenaren Giltzarria” documento en el que se definen “las condiciones mínimas exigibles para la implementación de políticas públicas de recuperación de la Memoria Histórica”
“LAU HAIZETARA GOGOAN” PRESENTA EL DOCUMENTO “OROIMENAREN GILTZARRIA” EN LA QUE SE DEFINEN LAS “CONDICIONES MINIMAS EXIGIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA”
DOCUMENTO DE MÍNIMOS. “Oroimenaren Giltzarria” es el documento de mínimos, con el que se quiere establecer con claridad las pautas de comportamiento, las metodologías y las condiciones que las instituciones públicas deben de respetar y cumplir, para que su actuación pueda ajustarse a los requisitos establecidos por el derecho y la jurisprudencia internacional que instituye, el desarrollo integral para la recuperación de la memoria histórica, de los siguientes tres ejes vertebradores: la investigación de la verdad, la realización de la justicia efectiva y la implementación de medidas de reparación, incluidas las garantías de no repetición.
DISTINTIVO DE VALIDACIÓN: “Oroimenaren Giltzarria”. Los programas de actuación que respeten estas condiciones podrán ser acreedoras del distintivo que, junto al documento, se ha presentado hoy, en prueba de reconocimiento y validación de la labor realizada por la institución política, científica o agente social afectado.
Este documento adquiere una especial relevancia en el actual contexto elecciones y compromisos políticos para que los ciudadanos puedan medir con nitidez la verdadera voluntad de solución de las vulneraciones de derechos que sufren las victimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado.
CONDICIONES MINIMAS EXIGIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
1) Garantizar la PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES de familiares y víctimas del Genocidio franquista y el terrorismo de Estado y de la recuperación de la Memoria Histórica, en el proceso de elaboración, implementación y evaluación de de los programas de actuación.
2) Garantizar la existencia de una VISIÓN INTEGRAL Y COHERENTE en los programas vertebrados por estos tres ejes de actuación: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.
3) VERDAD:
3.1) Definir las causas y consecuencias de la represión sufrida por la ciudadanía vasca, respetando su identidad política, social y cultural.
3.2) Elaboración del censo de todas las personas y categorías de vulneración de derechos, con el fin de restituir los derechos adscritos a la ciudadanía.
3.3) Impulsar y en su caso participar en la elaboración de mapa de fosas, exhumación de restos y de un banco de ADN.
3.4) Impulsar y/o implementar programas para la organización catalogación de archivos históricos y recuperación de documentación oral, gráfica y audiovisual.
4) JUSTICIA.
4.2.1) Promover y/o apoyar las iniciativas que exijan la anulación de la ley de amnistía de 15/10/1977. Asumir esta anulación como un principio democrático básico.
4.2.2) Garantizar la asistencia jurídica a las victimas, habilitando medios económicos y técnicos suficientes para dar inicio a los procedimientos judiciales necesarios para la consecución de la justicia plena.
4.2.3) Activación del protocolo de recogida de testimonios y su correspondiente articulación documental, con el fin de dar validez procesal ante la administración judicial competente.
4.2.4) Exigir e impulsar todas las iniciativas que promuevan la anulación de todos los sumarios, expedientes y sentencias condenatorias realizados por el régimen autoritario.
4.2.5) Exigir e impulsar todas las iniciativas que promuevan la consideración de los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad y genocidio.
5) REPARACIÓN, INCLUIDAS LAS GARANTIAS DE NO REPETICIÓN.
5.1) Evaluar, en toda su dimensión, la deuda (humana, social, política y económica) para con las victimas, en orden a la reparación de las vulneraciones definidas y validadas, a través de la investigación de la verdad.
5.2) Impulsar en todas las localidades la rehabilitación de funcionarios públicos y trabajadores de las instituciones (públicas y privadas) que fueron expedientados, depurados y despedidas como consecuencia de su adscripción ideológica, política, sindical.
5.3) Eliminación de simbología y toponimia relacionada con el régimen autoritario, así como cualquier mención honorífica a personalidades del régimen que no se retracten de los crímenes cometidos por el mismo.
5.4) Elaboración de un censo de “lugares de la memoria” y su declaración como “zona protegida no urbanizable” el los PGOU y en las diferentes normativas urbanísticas.
5.5) Exigir e impulsar la elaboración de un plan de transmisión generacional de la memoria histórica.
5.6) Exigir e impulsar medidas que garanticen la no repetición de las vulneraciones de DDHH, civiles y políticos de toda la ciudadanía.
5.7) Reconocimiento de la deuda histórica del Estado español, para con el euskera y la cultura vasca.
6) Exigir e impulsar la creación de la COMISIÓN DE LA VERDAD DE EUSKAL HERRIA, como instrumento para, superando las leyes de punto final, recabar la necesaria documentación, obtener elementos indiciarios para el inicio de procesos judiciales y elaborar propuestas de reparación, incluidas las garantías de no repetición.
Postura de Lau Haizetara Gogoan ante la ponencia del Parlamento sobre "otras víctimas" no se ajusta a la legislación internacional.
Gasteiz * E.H
La coordinadora que agrupa a colectivos memorialistas, asociaciones de víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de Estado en Euskal Herria, Lau Haizetara Gogoan (LHG), denuncia que la ponencia del Parlamento sobre "otras víctimas" no se ajusta a la legislación internacional....
jueves, 14 de julio de 2011
Lau Haizetara Gogoan recuerda que el dolor «no es patrimonio de nadie».
La agrupación Lau Haizetara Gogoan criticó ayer las diferencias existentes entre las víctimas del conflicto que vive Euskal Herria. Por ello, LHG exigió que se reconozcan como víctimas del terrorismo de Estado a todas las personas que han padecido la violencia de las FSE.

Gara
La agrupación Lau Haizetara Gogoan recordó ayer que el dolor «no es patrimonio de nadie», y exigió que se traten como víctimas del terrorismo de Estado a todas las personas que han sufrido en primera personas la violencia ejercida por las FSE, antes y después de la transición. En una rueda de prensa, los portavoces de LHG, Gotzon Garmendia y Andoni Txasko, evidenciaron su desacuerdo con la ponencia sobre víctimas de motivación política puesta en marcha el pasado lunes en la Cámara de Gasteiz. Una mesa que, según explicaron, ha tomado como punto de partida un informe «carente de la necesaria cualificación, trayectoria y referencialidad»; en el que se tienen en cuenta criterios «discriminatorios y atenuantes». Para solucionar dichas anomalías, Garmendia anunció que LHG iniciará esta misma semana una ronda de contactos con los partidos políticos presentes en la ponencia parlamentaria, todos a excepción de PP y UPyD, dos formaciones que ya han mostrado su rechazo a la equiparación de las víctimas.
En las reuniónes, previstas antes del día 26 de julio, la agrupación propondrá la elaboración de un nuevo informe, redactado por un equipo multidisciplinar e independiente, formado por personas con una probada trayectoria profesional en defensa de los Derechos Humanos. Además, Txasko y Garmendia criticaron la ausencia de las asociaciones de víctimas en la ponencia, y reclamaron la creación de una «comisión de la verdad» en la que se haga público el censo de víctimas del terrorismo de Estado. Según los informes con los que trabaja la coordinadora, en Euskal Herria la cifra de víctimas del terrorismo de Estado oscila entre las 8.000 y las 11.000, de las que medio millar serían mortales.
A parte, Txasko lanzó una pregunta al presidente del PP en la CAV, Antonio Basagoiti, para quien no existen dos tipos de víctimas, sino «víctimas y verdugos». El representante de LHG, preguntó al político donde ubicaría a Fraga, «¿con las víctimas o con los verdugos?».
La coordinadora que agrupa a asociaciones de víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de Estado denuncia que la ponencia del Parlamento de Gasteiz no se ajusta a la legislación internacional.
Lau Haizetara Gogoan * E.H
La coordinadora que agrupa a colectivos memorialistas, asociaciones de víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de Estado en Euskal Herria denuncia que la ponencia del Parlamento sobre “otras víctimas” no se ajusta a la legislación internacional.
Postura de Lau Haizetara Gogoan (LHG) ante la puesta en marcha de la ponencia en el Parlamento de Gasteiz sobre lo que denominan “víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política”.
Se obvia el marco de la legalidad internacional...
La ponencia se sustenta en un informe que ha sido elaborado por una entidad que carece de la necesaria cualificación, trayectoria y referencialidad para tratar materias de este calado y características. El texto evidencia la ausencia de un trabajo de documentación jurídico, histórico y sociológico, imprescindibles para la consecución de unos resultados mínimamente objetivos. Para la elaboración de este informe no se han realizado las consultas pertinentes a las victimas, las asociaciones y personas cualificadas que han tomado parte en la definición jurídico-política de esta materia. En definitiva, no se ajusta a la legalidad y la jurisprudencia internacional. No se definen las categorías de las vulneraciones que quedarían afectadas por el trabajo de la ponencia, y además se establecen criterios discriminatorios y atenuantes en función:
a) Del momento en que se han cometido las vulneraciones de derechos, encuadrándolos, además, en base a unos períodos cronológicos, que se establecen de manera arbitraria, y que no se ajustan a parámetros históricos contrastados ni aceptados por la comunidad científica.
b) De las personas físicas o jurídicas bajo cuya responsabilidad se cometen las vulneraciones, dando a entender que, en aquellos casos en que las personas físicas susceptibles de investigación por comisión de delitos de vulneración de derechos pertenecen a la administración del Estado, dicha pertenencia es una causa atenuante (que podría derivar en exculpatoria), cuando, muy al contrario, esta condición debería de considerarse como agravante, en la medida en que es responsabilidad y deber del propio Estado la defensa activa de dichos derechos y, en consecuencia, evitar tales vulneraciones.
Todo esto provoca que cientos de personas queden excluidas de la consideración de víctimas de violaciones de derechos fundamentales. Se manipula la realidad histórica, política y jurídica para evitar la categorización de las violaciones como crímenes de lesa humanidad. Se rompe con el principio jurídico del respeto a la igualdad de derechos y trato ante la ley. Se niega la participación de las victimas, familiares y asociaciones. Se oculta el censo de victimas y se obvia el derecho a las garantías de no repetición, con lo que se perpetua el estatus quo socio-político que las generó. En definitiva, se mantiene la impunidad de sus responsables, y se niega el derecho a la Justicia.
La violencia sufrida por los ciudadanos que es motivo del análisis de esta ponencia ha sido ejercida por los aparatos del Estado y debe de conceptuarse como: Terrorismo de Estado.
Ante esta situación LHG ve necesaria la elaboración de un nuevo informe por un equipo multidisciplinar e independiente, formado por personas de probada trayectoria profesional y/o implicación en la defensa de los DDHH, el respeto de la legalidad internacional y el principio jurídico del respeto a la igualdad de derechos y trato ante la ley. Tomando como base el censo ya existente (elaborado por la Ponencia de víctimas de la violencia de 1999-2000 y la Dirección de DDHH durante los años 2007/2009) y otras investigaciones históricas o sociológicas publicadas hasta el presente, las instituciones deben activar los mecanismos para que el mapa del sufrimiento provocado por el terrorismo de Estado en las últimas décadas se complete en su totalidad.
La coordinadora que agrupa a colectivos memorialistas, asociaciones de víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de Estado en Euskal Herria denuncia que la ponencia del Parlamento sobre “otras víctimas” no se ajusta a la legislación internacional.
Postura de Lau Haizetara Gogoan (LHG) ante la puesta en marcha de la ponencia en el Parlamento de Gasteiz sobre lo que denominan “víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política”.
Se obvia el marco de la legalidad internacional...La ponencia se sustenta en un informe que ha sido elaborado por una entidad que carece de la necesaria cualificación, trayectoria y referencialidad para tratar materias de este calado y características. El texto evidencia la ausencia de un trabajo de documentación jurídico, histórico y sociológico, imprescindibles para la consecución de unos resultados mínimamente objetivos. Para la elaboración de este informe no se han realizado las consultas pertinentes a las victimas, las asociaciones y personas cualificadas que han tomado parte en la definición jurídico-política de esta materia. En definitiva, no se ajusta a la legalidad y la jurisprudencia internacional. No se definen las categorías de las vulneraciones que quedarían afectadas por el trabajo de la ponencia, y además se establecen criterios discriminatorios y atenuantes en función:
a) Del momento en que se han cometido las vulneraciones de derechos, encuadrándolos, además, en base a unos períodos cronológicos, que se establecen de manera arbitraria, y que no se ajustan a parámetros históricos contrastados ni aceptados por la comunidad científica.
b) De las personas físicas o jurídicas bajo cuya responsabilidad se cometen las vulneraciones, dando a entender que, en aquellos casos en que las personas físicas susceptibles de investigación por comisión de delitos de vulneración de derechos pertenecen a la administración del Estado, dicha pertenencia es una causa atenuante (que podría derivar en exculpatoria), cuando, muy al contrario, esta condición debería de considerarse como agravante, en la medida en que es responsabilidad y deber del propio Estado la defensa activa de dichos derechos y, en consecuencia, evitar tales vulneraciones.
Todo esto provoca que cientos de personas queden excluidas de la consideración de víctimas de violaciones de derechos fundamentales. Se manipula la realidad histórica, política y jurídica para evitar la categorización de las violaciones como crímenes de lesa humanidad. Se rompe con el principio jurídico del respeto a la igualdad de derechos y trato ante la ley. Se niega la participación de las victimas, familiares y asociaciones. Se oculta el censo de victimas y se obvia el derecho a las garantías de no repetición, con lo que se perpetua el estatus quo socio-político que las generó. En definitiva, se mantiene la impunidad de sus responsables, y se niega el derecho a la Justicia.
La violencia sufrida por los ciudadanos que es motivo del análisis de esta ponencia ha sido ejercida por los aparatos del Estado y debe de conceptuarse como: Terrorismo de Estado.
Ante esta situación LHG ve necesaria la elaboración de un nuevo informe por un equipo multidisciplinar e independiente, formado por personas de probada trayectoria profesional y/o implicación en la defensa de los DDHH, el respeto de la legalidad internacional y el principio jurídico del respeto a la igualdad de derechos y trato ante la ley. Tomando como base el censo ya existente (elaborado por la Ponencia de víctimas de la violencia de 1999-2000 y la Dirección de DDHH durante los años 2007/2009) y otras investigaciones históricas o sociológicas publicadas hasta el presente, las instituciones deben activar los mecanismos para que el mapa del sufrimiento provocado por el terrorismo de Estado en las últimas décadas se complete en su totalidad.
sábado, 18 de junio de 2011
Memoriaren Bideak homenajeará este sábado a los represaliados del franquismo con un acto en el alto Igal-Vidángoz
EUROPA PRESS.
La asociación Memoriaren Bideak celebrará este sábado, 18 de junio, en el monolito del alto Igal-Vidángoz un acto de homenaje a "los 2.300 prisioneros represaliados del franquismo que realizaron la carretera entre Igal y Vidángoz y el tramo de pista que une con Roncal".
Con este acto, la agrupación se propone también "homenajear a todos sus familiares y a aquellas personas de los valles que fueron represaliadas como consecuencia del golpe de 1936". Además, este año tendrá un lugar especial Juantxo García de Azilu, compañero del colectivo y una de las personas que más hizo por que este homenaje saliera adelante.
En una nota, la asociación ha señalado que el acto, que será presentado por Juan Kruz Lakasta, dará comienzo a las 12.30 horas en el monolito del alto Igal-Vidángoz y en él participarán miembros de diferentes colectivos dedicados a la recuperación de la memoria en torno a la represión franquista, como La Barranca (La Rioja), Amicale du Camp de Gurs, Lau Haizetara Gogoan, el Autobús de la Memoria, y Collectiu Republicà del Baix Llobregat.
Como otros años, el acto cuenta con el apoyo del Instituto Gerónimo de Uztáriz, el Ayuntamiento de Vidángoz, y la con la colaboración de Quesos Larra y Quesos Ekia. Una vez finalizado el homenaje, se celebrará una comida popular autogestionada en la plaza de Vidángoz.
La asociación Memoriaren Bideak ha animado a la participación en este homenaje para que "desde el reconocimiento a las víctimas de la represión franquista se realice una denuncia del fascismo, del recorte de libertades y derechos a millones de personas, y una denuncia de todas las guerras".
La asociación Memoriaren Bideak celebrará este sábado, 18 de junio, en el monolito del alto Igal-Vidángoz un acto de homenaje a "los 2.300 prisioneros represaliados del franquismo que realizaron la carretera entre Igal y Vidángoz y el tramo de pista que une con Roncal".
Con este acto, la agrupación se propone también "homenajear a todos sus familiares y a aquellas personas de los valles que fueron represaliadas como consecuencia del golpe de 1936". Además, este año tendrá un lugar especial Juantxo García de Azilu, compañero del colectivo y una de las personas que más hizo por que este homenaje saliera adelante.
En una nota, la asociación ha señalado que el acto, que será presentado por Juan Kruz Lakasta, dará comienzo a las 12.30 horas en el monolito del alto Igal-Vidángoz y en él participarán miembros de diferentes colectivos dedicados a la recuperación de la memoria en torno a la represión franquista, como La Barranca (La Rioja), Amicale du Camp de Gurs, Lau Haizetara Gogoan, el Autobús de la Memoria, y Collectiu Republicà del Baix Llobregat.
Como otros años, el acto cuenta con el apoyo del Instituto Gerónimo de Uztáriz, el Ayuntamiento de Vidángoz, y la con la colaboración de Quesos Larra y Quesos Ekia. Una vez finalizado el homenaje, se celebrará una comida popular autogestionada en la plaza de Vidángoz.
La asociación Memoriaren Bideak ha animado a la participación en este homenaje para que "desde el reconocimiento a las víctimas de la represión franquista se realice una denuncia del fascismo, del recorte de libertades y derechos a millones de personas, y una denuncia de todas las guerras".
sábado, 16 de abril de 2011
Fusilatuak Donostian omenaldia
386 donostiar fusilatuak 1936an, omenaldia Donostian 2011-4-16an, 7 gorpu azaldu ziren lekuan Burnizko zubian. Karakola, txalaparta, hitzaldia Egaña historialariak, bertsoak, lore eskaintza, ohorezko aurreskua, internazionala eta gudariak abestuz amaitzeko. Egia, justizia, erreparazioa.
jueves, 14 de abril de 2011
República vs. monarquía o cuando la ley nace del crimen.
Un Estado con estos orígenes y características no puede presentarse, ante las víctimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de estado, como garante de derechos, pues es deudor de un régimen político dictatorial del que aún no se ha desvinculado
Lau Haizetara Gogoan
Cada ley lleva en su seno una determinada forma de entender la justicia, por lo tanto, la ley no es justicia en sí, sino una manera muy definida de entenderla y administrarla, condicionada por los poderes socio-políticos y económicos que la sustentan.
Cada parte activa en la elaboración y administración de las leyes apela a un marco normativo de referencia para su legitimación y homologación. En el Estado español se ha pasado de basar la legitimidad en la victoria militar («por la gracia de Dios») de los sublevados el 18 de julio de 1936, a buscarla en las instituciones representativas con poder legislativo (los parlamentos). Pero la sanción de las leyes por esta vía no es condición suficiente para poder homologarlas a unos estándares aceptados por la comunidad jurídica internacional. Y esto se debe a que el Estado, encarnado en la actualidad en la «monarquía constitucional», arrastra la rémora histórica de haberse cimentado en la impunidad sobre probados crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Se cumplen ahora 80 años de la proclamación de la II República. Ha sido, hasta la fecha, el único sistema de gobierno nacido como consecuencia de la voluntad popular y que se desarrolló bajo una expectativa política real de ruptura con el régimen dictatorial y monárquico. El resultado de unas elecciones municipales fue interpretado por el conjunto de la población como un plebiscito sobre la forma de gobierno.
El 18 de julio de 1936 se produce el «alzamiento», un delito de rebelión militar acompañado por la comisión de múltiples crímenes de lesa humanidad.
El triunfo de los sublevados impuso una forma de entender la legalidad basada únicamente en la fuerza, en la que la aceptación por parte de la ciudadanía no jugaba ningún papel. El mismo concepto de estado de derecho (tan a menudo utilizado hoy como sinónimo de democracia) fue introducido por los vencedores para legitimar su victoria. En su versión ibérica se sacraliza la ley independientemente de su origen. Se asume que quien tiene poder para imponerla tiene por ello el derecho de imponerla.
Tras la muerte de Franco, no se produce una ruptura con esta forma de entender la legalidad. Los gestores del «nuevo» régimen asumen el grueso de la herencia del dictador: impunidad, fosas comunes, represión, olvido, oligarquía, monarquía, himno y bandera. Los franquistas, marcando el ritmo con el ruido de los sables, establecieron la aceptación de este legado como condición. Las cúpulas de los partidos que venían del antifranquismo renunciaron a sus objetivos y a la historia tejida sobre la lucha de miles de gudaris y milicianos y azuzaron a sus bases sociales para que transitasen por el olvido, aceptasen la impunidad de los criminales franquistas y, también, que las miles de fosas comunes siguiesen formando parte del oculto paisaje de Euskal Herria y el Estado español.
Este contexto explica por qué las instituciones y partidos políticos herederos y deudores del franquismo se nieguan a utilizar términos como crímenes de lesa humanidad y genocidio al hablar de los crímenes cometidos por el Estado español. Tienen miedo a sus consecuencias, que no son otras que aceptar su obligación de anular las dos leyes de «punto final» vigentes (la de amnistía de 1977 y la conocida como «ley de memoria histórica» de 2007) y poner en marcha las medidas de justicia, ya que tales delitos son, por definición, imprescriptibles.
Existe una continuidad en los conceptos jurídicos y en los comportamientos políticos. Una continuidad en instituciones y personas (algunas responsables directas de los crímenes). Una continuidad en la preservación de la impunidad de los golpistas y sus continuadores, a quienes, habiendo ejercido como funcionarios del terror y la represión durante el régimen franquista, se les concede unos beneficios económicos y sociales por los daños sufridos en acciones realizadas por los opositores a dicho régimen. Y todo ello se desarrolla en un contexto en el que, a día de hoy, se siguen negando y vulnerando los derechos de las víctimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de estado.
Existe continuidad también en la persistencia de las vulneraciones sistemáticas de derechos, en la tortura, en la ilegalización de partidos, en la negación de la libertad de expresión, en la inexistencia (en la práctica) de la presunción de inocencia, en el no respeto al derecho a una identidad propia, en la conculcación de los derechos económicos y sociales de los trabajadores o en la participación en guerras (aspecto este último que habría sido inconstitucional durante la II República, cosa que estuvo muy presente, por ejemplo, en las protestas contra la guerra de Irak, en 2003).
El Estado español y los partidos impulsores de la «transición» son rehenes de su propia historia y repiten los esquemas del pasado. Mientras la clase política y los poderes que la sustentan no transiten por la vía de la legalidad internacional, seguirán siendo cómplices necesarios y continuadores de la herencia del dictador. Todo lo anteriormente mencionado: la impunidad, el olvido, la dualidad en el tratamiento de las víctimas, no es fruto del azar, sino consecuencia de los pactos establecidos con la oligarquía franquista. Mediante ellos se impuso al conjunto de la sociedad un modelo de gobierno, la monarquía, en la persona de un sombrío individuo, nombrado por el propio Franco, perteneciente a una familia responsable de los hechos más sangrientos de los tres últimos siglos de la historia del Estado español: la dinastía de los Borbones.
Un Estado con estos orígenes y características no puede presentarse, ante las víctimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de estado, como garante de derechos, pues es deudor, desde su base, de un régimen político dictatorial del que aún no se ha desvinculado, y sigue dando amparo a los responsables de los crímenes cometidos.
martes, 29 de marzo de 2011
Sobre votos y fosas.
Gotzon Garmendia, Andoni Txasko, Antton Gómez, Iñaki Astoreka * Lau Haizetara Gogoan.
Para quienes aspiran a vivir de la política y perpetuarse en el poder, todo vale si de lo que se trata es de mantenerse visibles ante la ciudadanía. Incluso, si es necesario, se mercadea con el sufrimiento ajeno, aunque durante décadas lo hayan tratado de olvidar, esquivar y, por qué no decirlo, ocultar y negar.
Las elecciones están a las puertas y entramos en una alocada carrera de inauguraciones, estrenos y ofrendas florales. Todo bien medido y controlado, más si cabe, cuando se pisa el vidrioso y contradictorio terreno de la memoria histórica. Decimos vidrioso y contradictorio terreno, porque son éstas mismas personas y partidos quienes han aprobado las vergonzosas leyes de punto final sobre las que se han erigido los últimos 35 años de impunidad. No les importa utilizar el dolor ajeno para realizar una buena campaña de propaganda institucional y a la vez partidista. Está claro que también aquí quieren estar presentes. Pero pretenden hacerlo sin poner en evidencia su parte de responsabilidad en que se de continuidad a la impunidad. Tarea que les será harto difícil, pues los movimientos memorialistas no estamos por colaborar en esa labor.
Desde mediados de los 90 los agentes sociales nos hemos dirigido a las instituciones con el fin de abordar el problema desde los parámetros de la legalidad internacional. Nos han respondido con la arrogancia de quien se cree en posesión de una visión de Estado, aconsejándonos el olvido como remedio a una vulneración de derechos que aún continúa.
En este tiempo hemos seguido soportando las consecuencias de la impunidad, que condena al silencio y al olvido a miles de familiares de personas represaliadas. El siglo XXI traerá consigo una nueva orientación de la política institucional (a pesar de la nula voluntad de la clase política) que será consecuencia de la presión de los movimientos sociales contra la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La primera exhumación realizada con técnicas arqueológicas y forenses de una fosa común con víctimas de la represión franquista fue promovida, en el año 2000, por familias de desaparecidos, y dio origen a una nueva generación del movimiento memorialista. Transcurrirían siete largos años hasta que se aprueba, en 2007, la conocida como “ley de memoria histórica”, que Amnistía Internacional no ha dudado en calificar como nueva "ley de punto final".
Entre 2008 y 2010 hemos presentado ante las instituciones forales y autonómicas sendos programas de intervención, perfectamente presupuestados y en consonancia con la legalidad internacional. Estos gobiernos y los partidos PNV, PSE y PP han rechazado todas las medidas propuestas. Patxi López, Idoia Mendia, Joseba Egibar, Rafaela Romero, Markel Olano..., así como todas las instituciones políticas y científicas relevantes en esta materia, tienen conocimiento de nuestras propuestas de trabajo.
Tal vez, el ejemplo más grave lo tenemos en Gipuzkoa, donde las principales instituciones (Juntas Generales, Diputación y Ayuntamiento de Donostia) han estado inmersas en una grotesca competición para acaparar minutos de pantalla. Plantar un árbol, inaugurar una placa o editar un libro panegírico..., cualquier cosa vale para estar presente en los medios. A las victimas y sus familiares, convidados de piedra, se les recuerda para volver a enterrarles, a condenarles al olvido. Victimas sin identidad personal, política, sindical, cultural… Se quiere pasar página sin hacer justicia ni reparar el daño causado.
La conclusión es clara: el objetivo de estos actos es mantener el estado de impunidad. Si no fuese así, ¿a qué esperan las instituciones para personarse como parte y financiar las denuncias interpuestas por los familiares de las personas desaparecidas, asesinadas, torturadas…? ¿A que esperan para exigir la anulación de las leyes de punto final aún en vigor? ¿A que esperan para exigir la destitución de todos los implicados en los crímenes o para definirse ante la trayectoria política del actual Jefe de Estado, del presidente honorífico del PP (Manuel Fraga Iribarne), de Martín Villa...? ¿A qué esperan para instar a la fiscalía y a la abogacía del Estado a que den inicio a procesos penales contra estos franquistas y sus herederos?
Las medidas mas urgentes se concretan en: (1) recogida de testimonios, siguiendo el protocolo propuesto desde 2002; (2) validación de estos testimonios como prueba judicial; (3) vaciado de toda la información documental actualmente en poder del Gobierno Vasco y su correspondiente cotejo y complementación con el resto de fuentes documentales (incluidos testimonios orales) depositadas en los archivos estatales y de otros países; (4) urgente realización de pruebas de ADN para poder identificar a los represaliados; (5) catalogación, conservación y custodia de toda esta documentación en aras del cumplimiento de los objetivos propuestos por la legalidad internacional; (6) creación de una oficina de asistencia integral a las victimas del franquismo y el terrorismo de Estado y consiguiente financiación de las demandas judiciales de las mismas.
Los representantes institucionales saben que no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades, a riesgo de convertirse en cómplices conscientes y necesarios de la perpetuación de una impunidad tantas veces denunciada por el Comité de DDHH de las Naciones Unidas o el Consejo de Europa, que han instando al Estado español a que ponga fin a esta situación y proceda, de manera urgente, a la constitución de comisiones de investigación de la verdad, para hacer justicia y poner en marcha medidas de reparación.
Desde Lau Haizetara Gogoan, recogiendo las demandas históricas del movimiento memorialista, hemos presentado el documento “Oroimenaren Giltzarria”, con las condiciones mínimas exigibles para la implementación de políticas públicas de recuperación de la memoria histórica, que está destinado a convertirse en instrumento para medir la voluntad real de la clase política. De su aceptación y compromiso ante el mismo, podremos ver la verdadera implicación y deseos de partidos e instituciones de corregir una deuda mantenida en el tiempo con las víctimas del franquismo y el terrorismo de Estado.
Para quienes aspiran a vivir de la política y perpetuarse en el poder, todo vale si de lo que se trata es de mantenerse visibles ante la ciudadanía. Incluso, si es necesario, se mercadea con el sufrimiento ajeno, aunque durante décadas lo hayan tratado de olvidar, esquivar y, por qué no decirlo, ocultar y negar.
Las elecciones están a las puertas y entramos en una alocada carrera de inauguraciones, estrenos y ofrendas florales. Todo bien medido y controlado, más si cabe, cuando se pisa el vidrioso y contradictorio terreno de la memoria histórica. Decimos vidrioso y contradictorio terreno, porque son éstas mismas personas y partidos quienes han aprobado las vergonzosas leyes de punto final sobre las que se han erigido los últimos 35 años de impunidad. No les importa utilizar el dolor ajeno para realizar una buena campaña de propaganda institucional y a la vez partidista. Está claro que también aquí quieren estar presentes. Pero pretenden hacerlo sin poner en evidencia su parte de responsabilidad en que se de continuidad a la impunidad. Tarea que les será harto difícil, pues los movimientos memorialistas no estamos por colaborar en esa labor.
Desde mediados de los 90 los agentes sociales nos hemos dirigido a las instituciones con el fin de abordar el problema desde los parámetros de la legalidad internacional. Nos han respondido con la arrogancia de quien se cree en posesión de una visión de Estado, aconsejándonos el olvido como remedio a una vulneración de derechos que aún continúa.
En este tiempo hemos seguido soportando las consecuencias de la impunidad, que condena al silencio y al olvido a miles de familiares de personas represaliadas. El siglo XXI traerá consigo una nueva orientación de la política institucional (a pesar de la nula voluntad de la clase política) que será consecuencia de la presión de los movimientos sociales contra la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La primera exhumación realizada con técnicas arqueológicas y forenses de una fosa común con víctimas de la represión franquista fue promovida, en el año 2000, por familias de desaparecidos, y dio origen a una nueva generación del movimiento memorialista. Transcurrirían siete largos años hasta que se aprueba, en 2007, la conocida como “ley de memoria histórica”, que Amnistía Internacional no ha dudado en calificar como nueva "ley de punto final".
Entre 2008 y 2010 hemos presentado ante las instituciones forales y autonómicas sendos programas de intervención, perfectamente presupuestados y en consonancia con la legalidad internacional. Estos gobiernos y los partidos PNV, PSE y PP han rechazado todas las medidas propuestas. Patxi López, Idoia Mendia, Joseba Egibar, Rafaela Romero, Markel Olano..., así como todas las instituciones políticas y científicas relevantes en esta materia, tienen conocimiento de nuestras propuestas de trabajo.
Tal vez, el ejemplo más grave lo tenemos en Gipuzkoa, donde las principales instituciones (Juntas Generales, Diputación y Ayuntamiento de Donostia) han estado inmersas en una grotesca competición para acaparar minutos de pantalla. Plantar un árbol, inaugurar una placa o editar un libro panegírico..., cualquier cosa vale para estar presente en los medios. A las victimas y sus familiares, convidados de piedra, se les recuerda para volver a enterrarles, a condenarles al olvido. Victimas sin identidad personal, política, sindical, cultural… Se quiere pasar página sin hacer justicia ni reparar el daño causado.
La conclusión es clara: el objetivo de estos actos es mantener el estado de impunidad. Si no fuese así, ¿a qué esperan las instituciones para personarse como parte y financiar las denuncias interpuestas por los familiares de las personas desaparecidas, asesinadas, torturadas…? ¿A que esperan para exigir la anulación de las leyes de punto final aún en vigor? ¿A que esperan para exigir la destitución de todos los implicados en los crímenes o para definirse ante la trayectoria política del actual Jefe de Estado, del presidente honorífico del PP (Manuel Fraga Iribarne), de Martín Villa...? ¿A qué esperan para instar a la fiscalía y a la abogacía del Estado a que den inicio a procesos penales contra estos franquistas y sus herederos?
Las medidas mas urgentes se concretan en: (1) recogida de testimonios, siguiendo el protocolo propuesto desde 2002; (2) validación de estos testimonios como prueba judicial; (3) vaciado de toda la información documental actualmente en poder del Gobierno Vasco y su correspondiente cotejo y complementación con el resto de fuentes documentales (incluidos testimonios orales) depositadas en los archivos estatales y de otros países; (4) urgente realización de pruebas de ADN para poder identificar a los represaliados; (5) catalogación, conservación y custodia de toda esta documentación en aras del cumplimiento de los objetivos propuestos por la legalidad internacional; (6) creación de una oficina de asistencia integral a las victimas del franquismo y el terrorismo de Estado y consiguiente financiación de las demandas judiciales de las mismas.
Los representantes institucionales saben que no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades, a riesgo de convertirse en cómplices conscientes y necesarios de la perpetuación de una impunidad tantas veces denunciada por el Comité de DDHH de las Naciones Unidas o el Consejo de Europa, que han instando al Estado español a que ponga fin a esta situación y proceda, de manera urgente, a la constitución de comisiones de investigación de la verdad, para hacer justicia y poner en marcha medidas de reparación.
Desde Lau Haizetara Gogoan, recogiendo las demandas históricas del movimiento memorialista, hemos presentado el documento “Oroimenaren Giltzarria”, con las condiciones mínimas exigibles para la implementación de políticas públicas de recuperación de la memoria histórica, que está destinado a convertirse en instrumento para medir la voluntad real de la clase política. De su aceptación y compromiso ante el mismo, podremos ver la verdadera implicación y deseos de partidos e instituciones de corregir una deuda mantenida en el tiempo con las víctimas del franquismo y el terrorismo de Estado.
sábado, 26 de marzo de 2011
6000 Babesle behar ditugu estatuen gezurrei aurre egiteko.
EUSKAL MEMORIA
Euskal Herriak, herri ukatua eta zapaldua den heinean, bere azalean bizi izan du historiaren faltsutze etengabea. Espainiar eta frantziar estatuen eraso ideologikoak eragina izan du gure ikuspegian. Izan ere, hedabideek, hezkuntza kurrikulumak, erakundeen diskurtsoek eta doktrina antiterroristak hamarkadak daramatzate garenaren eta egiten dugunaren gezurrezko bertsioa eskaintzen.Eraso ideologiko horren helburua herri honen jatorria ezeztatzea da, geure talde-nortasunaren oinarriak mito zentzugabetzat hartzea, horrekin gure etorkizuna desaktibatzeko. Ortzimuga ikusi ez dezagun, gure historiaren sustraiak industen dizkigute. Iragana gezurtatuz, orainari beldur izan diezaiogun eta etorkizuna ikus ez dezagun.
Zentzu horretan, Euskal Herriaren memoria berreskuratzea gaurkotasun osoko eta garrantzia handiko eginkizuna da. Euskal nazioaren eraikuntzari eta burutzeke dagoen prozesu demokratiko baten berme historikoei estuki lotua. Gure jendartearen bizipenak talde-borondate baten zati dira, honenbestez ezinbestekoa da ekimen iraunkor, irudimenezko eta aktibatzaileen bidez lapurtutako memoriaren berreskurapenaren partaide izatea. Herria bera sujetu izatea, alegia.
Horregatik, geure berezko historiaren gidoigile eta narratzaile nagusi izateko ahaleginak merezi du. Gauzak aldatu nahi baldin baditugu, ezinbesteko baldintza da nortzuk garen, nondik gatozen eta zergatik irauten duen ezeztatzen gaituen zapalketa honek. Ez dezagun ahantzi aldaketarako baldintzak geure autokontzientziaren baitan ditugula. Euskal Herriko memoria historikoa, ordea, ez da jakitunen eztabaiden arteko planoan geratzen. Alderantziz, ondorengo belaunaldiei egiaren lekukoa eta erresistentzia iristen zaiela ziurtatzeko baliabide eraginkorrena da. Aldaketa politiko eta sozialerako indargunea. Geure nortasuna eta kale eta testu liburuetako eskaerak ezabatu nahi dituen erasoan aurrean lubaki eraginkorra.
Izan ere, etorkizuna eraiki eta oraina aldarazteko ariketa eraginkor zein ezinbestekoa da memoria historikoaren berreskurapena. Geure historia ostera ere errepasatu eta berriz hausnartzea Euskal Herriko gatazka politikoa gainditzeko, eta irtenbide demokratiko batera gerturatzeko inbertsioa da, eta horixe da aurrean dugun erronka, interferentziarik gabe ulertu eta kontatzea: 1936ko gerra, Frankismoa, Erreforma, frantses zentralismoa eta espainiar Konstituzioa nabarmenki kate-maila berean daudela ulertzen dugunean gatazkaren, bere jatorriaren, ondorioen eta konponbidearen ikuspegi orokorra zeharo aldatuko dugu. Orduantxe bakarrik hasiko gara irabazten geure geurea den egiaren hautematea.
EUSKAL MEMORIAREN HELBURUAK
Berreskurapen honetan jauzi esanguratsua ematera dator, hain zuzen ere, Euskal Memoria egitasmoa. Ariketa kolektibo honetan aurrera egiteko ezinbestekoa dugu sarea jostea, ekarpena egin eta biltzeko, informazio bilduma-lana zein dibulgazioa bermatzeko. Euskal Memoria egitasmoaren bitartez, errealitate bilakatu nahi dugu geure historiaren berreskurapenaren ariketa kolektibo hori, garaiz garai, arloz arlo, herriz herri... Apurka jorratuko dugun bide ireki eta luze gisa, baina pauso erabakior eta eranginkorrak eskatuko dituen ibilbide gisa.Helburuak, beraz, ikusmira luzearekin begiratzekoak dira, baina jadanik pausoak emanez eraiki nahi ditugunak. Batetik, geure historia eraikitzeko bilduma-lana egituratzea dugu helburu. Informazio-sare partehartzaile, bizi eta egiazkoa osatzea alegia. Gu geu izan gaitezen geure ikusmira propioa osatuko dugunak. Iparra, dokumentazio-gune propioa noizbait izatea. Bitartean, horra iristeko hamaika ekimen eta aurrerapauso badira, “Gernikako seme-alabak” libururako bildu beharreko dokumentazio-lanak eta horretarako ariketak erakutsi duen bezala.
Bestetik, biltzen dugun hori jendarteratu behar dugu. Sare horren izaera dibulgatzailea ere izan dadin. Herri honek bere historia propioa ezagutuz hartuko du bere buruaren kontzientzia, aldaketarako ikuspegi propioa. Lan ideologiko eta sozial zabala behar dugu horretarako, euskarri anitz baliatuko dituena, zabala, partehartzailea eta irekia.
EUSKAL MEMORIAREN ZUTABEAK
Nola heldu erronka honi? Zutabe ezberdinen gainean emango ditugu oinarrizkoak baina atzeraezinak izan nahi duten lehen pausoak.Lehenik, Euskal Memoria Fundazioa abiatzea. Euskal Herriaren historiaren berreskurapenean modu ezberdinetara parte hartzeagatik ezagunak eta erreferentziazkoak diren pertsonek osatua, lan ideologiko eta sozial horren erreferentzia nagusietako bat izango da. Helburu hauek, Euskal Memoriaren herri-berreskurapenaren aldarrikapen eta praktikak erreferentzia orokor bat behar dutelako, eta gizarteratu behar ditugulako. 2009ko azaroan eman ditu lehen pausoak Fundazioak, bere burua aurkeztuz eta ibilbide luze honetarako babesa eskatuz. Hortik aurrera, komunikabideen, web orriaren eta abarren bitartez geure historia propioaren beharraren eta hedapenaren inguruan beharrezkoa dugun lan ideologiko zabal horretarako lanabes nagusi izango da. Atal honetan, dokumentazio gune iraunkorra sortzeko konpromisoa ere hartu dugu. Sakabanatuta dauden materialak, testigantzak eta datuak bildu, sailkatu eta digitalizatu ondoren, memoriaren berreskurapenean diharduten pertsona zein taldeen dinamika soziala elikatzeko erabilgarri egon daitezen.
Bigarren zutabea dibulgazioari begira edizio mailan harturiko konpromisoarekin lotua dago. Biltzen hasi garen eta osatzen joan beharko dugun ondare historiko hori guztia argitaratu eta gizarteratzea ez da gaur egun sortu den lana, urte askotan apurka errealitate bilakatzen ari den lana baizik. Hala ere, Euskal Memoria egitasmoaren helburuei bultzada emateko asmoz, lerro editorial zehatza jarri dugu martxan, orain artekoari bultzada sendoa ematearren. Urtero-urtero bi aldizkari eta Euskal Herriko historian berreskuratzeke ditugun aldeak bilduko dituen liburukina argitaratzea, 2010ean “Gernikako seme-alabak” liburuarekin hasiko den bidea.
Liburu honetan azken 50 hamarkadetako errepresioaren ondorioak biltzen ari gara, baina sintesi horretarako herriz herriko eta esparruz esparruko datuak biltzen aritu gara azken hilabeteetan, eta soka beretik ariko gara datozen lanetan ere, garai historiko jakinei zein gai jakinei dagokienez ditugun hutsuneak betetzeko asmotan. Argitalpen-lerro hau, noski, apaltasunez bide luze honi eskaintzen diogun ekarpenetako bat besterik ez da, izan ere herriz herri ondare historikoaren zabalpen eta hedapenari begira egin daitezkeen ekimenak anitz baitira, eta guztiak ezinbestekoak aipatu ditugun helburuei heltzeko.
Hau guztia errealitate bilaka dezagun, ordea, oinarriabehar dugu, egitasmoaren bideragarritasuna zein iraunkortasuna bermatuko duen oinarria. 2011rako 6000 babesle behar ditugu egitasmoak aurrera egin dezan, eta horixe da hain zuzen babesle horiei eskatuko zaiena:
- Datozen urtetan argitaratuko diren liburu eta aldizkarien harpidedun egitea (urtean liburu bat, formatu dotorekoa, eta bi aldizkari).
- Hala eskatuz gero, urteko liburua jasotzen denean kobratuko da, 65€
- Liburuak modu honetan soilik eskuratu ahal izango dira.
EUSKAL MEMORIAREN FUNDATZAILEAK
Jesús Lezaun (Apaiza) - Jorge Cortés Izal (Ikastolen sortzailea) -Iñaki Egaña (Idazlea) - Fermín Balentzia (Abeslaria) - Grazi Etxebehere (Erizaina) - Iñaki O’Shea (IPESeko kidea) - Periko Solabarria (Apaiza eta sindikalista) - Erramun Martikorena(Abeslaria) - Andoni Txasko (Martxoak 3ko elkartekidea) - Floren Aoiz (Analista politikoa) - Jose Mari Esparza (Editorea) - Ane Muguruza (Ikaslea) - Lucio Urtubia (Igeltsero eta anarkista) -Jose Manuel Pagoaga Peixoto (Iheslari politikoa) - Eñaut Elorrieta (Ken Zazpi taldeko abeslaria) - Koldo Amezketa (EAko parlamentaria) - Joxe Elorrieta (ELAko sindikalista) - Fernando Larruquert (Argazkiliari eta zinemagilea ).EGITASMOA BABESTEN DUTEN MEMORIAREN ARLOKO ANTOLAKUNDEAK
Altaffaylla Kultur TaldeaAFAN
Lau Haizetara Gogoan
Ahaztuak
Ipar Hegoa fundazioa
IPES Bilbao
Olaso Dorrea Fundazioa
Orreaga Fundazioa
Asociación 3 de Marzo
San Fermines 78 gogoan Herri Ekimena
Sare Antifaxista
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