Antxon Gomez eta Txarli Gonzalez * E.H
La biografía de los dictadores que se sienten impunes mantiene una coherencia que, como en el caso de Francisco Franco, estuvo marcada por el crimen y el genocidio. Declaró que él respondería solamente ante Dios y la historia y, mientras muchos siguen rezando por el alma de aquel criminal, otros queremos insistir en la verdadera historia de un régimen que hizo de la muerte su única seña de identidad y que Juan Carlos de Borbón hizo suyo al jurar sus cargos, reafirmando, con emoción contenida, el origen del poder que recibía en herencia, aquella erigida sobre la legitimidad del 18 de Julio de 1936 y la «necesidad» de los sufrimientos que provocó.
El primer año de la convulsa década de los 70, el régimen organizó un «macroproceso» militar contra la resistencia vasca, el llamado Proceso de Burgos, en el que se emitieron nueve sentencias de muerte y quinientos diecinueve años de cárcel. La activación del movimiento obrero en el interior y la ola de solidaridad internacional en favor de los encausados hizo que las penas de muerte fueran conmutadas. Sin embargo, el régimen asesinó en 1974 a Salvador Puig Antich mediante garrote vil. En septiembre de 1975 organizaron un nuevo consejo de guerra (el cuarto desde 1963), sentenciando a muerte a un total de 11 ciudadanos. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre indulta a seis de ellos y se les deniega a otros cinco. Al alba del día 27 de septiembre de 1975, fueron asesinados Juan Paredes Txiki, de 22 años; Anjel Otaegi, de 33; Ramón García-Sanz, de 27 años; José Luís Sánchez-Bravo, de 21, y José Humberto Baena, de 24 años. Días antes, las fuerzas antifascistas de Euskadi convocan jornadas de lucha para el 11 y 12 de septiembre.
Apartir del 27 de septiembre se producirán numerosos actos de denuncia contra la dictadura franquista, algunos con especial virulencia, incluido el asalto a embajadas o la petición del presidente de la República de México, Luis Etxeberria Álvarez al Secretario General de la ONU para expulsar al Estado español. El 30 de septiembre Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno, se dirige por televisión al «pueblo español» para señalar que «para responder a las acciones terroristas disponemos del repertorio de medios propio de un moderno Estado de derecho, empezando por el abnegado e inapreciable valor de las fuerzas del orden público que tantas vidas viene sacrificando en estos últimos tiempos» («La Voz de España», 1/10/1975). El mismo día una Junta de Afirmación Nacional convocaba una concentración en la Plaza de Oriente bajo el lema «Todos a una con España», anunciándose la intervención del dictador arropado por Juan Carlos de Borbón y su esposa Sofía de Grecia.
La reacción internacional adquirió una gran dimensión social, y coadyuvó a profundizar en la grave crisis interna que venía sufriendo el régimen franquista que estaba siendo cuestionada por las movilizaciones obreras y golpeada fuertemente en sus estructuras con acciones armadas como la que se materializó en contra del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973. Todo ello consolidó una conciencia sociopolítica, sobre la cercanía del final del régimen franquista y la posibilidad real de provocar un cambio político hacia un sistema de libertades democráticas.Transcurridos 36 años de aquellos acontecimientos, una parte de la clase política y la judicatura española continúa negando la condición política de los asesinados al alba del 27 septiembre de 1975. Escribe el profesor Alfons Aragoneses (2009) que durante la transición «no hubo ninguna depuración tras la disolución del TOP, sus integrantes se reintegraron sin más en otros tribunales ordinarios». Igual sucedió con el personal judicial del Tribunal Supremo. Una «transición», según el profesor Viçens Navarro, «inmodélica», en la medida en que todo el bloque de poder económico pasó incólume a la nueva fase histórica en la que siguió ostentando y ejerciendo el poder, de todo ello se deriva el deficiente desarrollo del Estado del bienestar español. Leyes como la Ley de Memoria Histórica de 2007, la Ley de Víctimas de 2011 o los posicionamientos en contra de la anulación de sentencias de los consejos de guerra franquistas, manifestados en el Parlamento español, la más reciente aún sobre la negativa a anular las leyes de punto final, impiden enjuiciar a los criminales franquistas y no son otra cosa que la manifestación de esta realidad jurídico-política que pone en evidencia una realidad contrastada: la continuidad de las estructuras de poder, ideología y comportamientos propios del régimen franquista, incrustados en el actual Estado.
Tratarán de impedir actos de homenaje y recuerdo de los fusilados el 27 de septiembre de 1975; lo hicieron aquel dramático año en Nuarbe con la ocupación militar del pueblo; lo hicieron en Zarautz, en donde fueron detenidos la madre de Txiki y el párroco de la localidad. Tratarán de impedir que en nuestras calles se coloquen placas y monumentos en recuerdo de aquellos que dieron la vida por unos ideales; seguirán haciendo uso de los medios que les ofrece el Estado de derecho para impedir que se manifieste públicamente el reconocimiento y apoyo social para con aquellos; pero con cada impedimento dejarán en evidencia lo que ya fue una realidad durante la dictadura franquista: la existencia de dos realidades que siguen enfrentadas.
La representada por las altas instituciones jurídico-políticas y aquella otra realidad que fue sustento del proceso de liberación nacional y social de los pueblos del estado, y el que hoy sigue siendo la base fundamental de la nueva Euskal Herria: el pueblo trabajador vasco. Un pueblo que no olvida a quienes dieron su vida por sus libertades.