elpais.crLa Declaración de la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, AEDIDH, y del Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz, OIDHP, con ocasión del día Internacional del Derecho a la Verdad, 24 de marzo, piden aprobar la resolución de las distintas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la época del régimen militar franquista en España, de 1940 a 1954.
“Sostenemos con el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que Toda víctima de una violación de los derechos humanos tiene, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, un derecho imprescriptible a conocer la verdad y a que se restablezcan los derechos conculcados; a que se investiguen los hechos y se identifique y castigue a los culpables; a obtener una reparación integral y efectiva, lo que incluye el derecho a rehabilitación e indemnización; a medidas de satisfacción o reparación simbólica; y a que se garantice que esos actos no se repetirán”, manifiestan AEDIDH y OIDHP.
El art. 11.1 de la Declaración sobre el derecho a la paz, de 16 de abril de 2012 señala que, en concreto, España debe derogar la Ley de amnistía de 1977; adoptar medidas legislativas urgentes para asegurar que los tribunales de justicia respeten la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; ratificar las Convenciones de las Naciones Unidas y la Europea sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; y constituir una comisión de la verdad de personas expertas independientes, con el mandato de restablecer la verdad histórica de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en España durante la Guerra Civil y posterior represión franquista, así como de formular recomendaciones que los poderes públicos se comprometan a cumplir.
España tiene la obligación internacional de investigar los casos de desaparición forzada de personas durante la Guerra Civil y posterior represión franquista pendientes de esclarecimiento. Las víctimas y sus familiares tienen derecho a la tutela judicial efectiva, lo que significa que el Estado debe facilitar la investigación judicial de los casos pendientes, identificar a los responsables y sancionarlos; y auxiliar, con todos los medios a su alcance, a los familiares que deseen localizar, identificar y exhumar los restos de los desaparecidos....
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