Lau Haizetara Gogoan * E.H
Países como Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, Brasil, Ecuador, etc. han analizado su pasado con una clara voluntad de establecer nuevas bases par un futuro democrático. Y lo han hecho bajo loscriterios definidas en la justicia transicional. Por el contrario, en el Estado español no existe voluntad de establecer mecanismos para superar la situaciónde vulneración de los Derechos Humanos y establecer las necesarias garantías deno repetición. El borrador de Decreto presentado por el Gobierno Vasco sobre “reparación integral de las víctimas de sufrimientos injustos en el contexto de laviolencia de motivación política” es una muestra más de esta falta de voluntad. Esta actuación está condicionada, en gran medida, por el hecho de que el PSE gobierna con el apoyo externo de un partido que es heredero socio-político directo del régimen franquista.
El Decreto establece un ámbito temporal (1968-1978) absurdo desde el punto de vista histórico, sociológico y político. Procede, de modo injusto, a reconocer como victimas, con los derechosinherentes, a un número determinado de personas y niega esta condición a otras,también víctimas del mismo régimen, los mismos objetivos, las mismas decisiones, los mismos mecanismos materiales y los mismos ejecutores. Las vulneraciones siguen tras la muerte del dictador, tras la aprobación de la Constitución y el Estatuto de Gernika, tras el golpe de Estado de 1981 y con los sucesivos gobiernos de uno u otro signo político. Los responsables de los crímenes de lesa humanidad siguen impunes, protegidos por el propio Estado, como consecuencia de la continuidad de las estructuras básicas del Estado franquista. Por ello, la fecha de inicio de las vulneraciones sistemáticas delos Derechos Humanos debe fijarse en el inicio de la rebelión militar de 1936 yla fecha de finalización solo podrá establecerse cuando se produzca la aplicación delas medidas establecidas por la justicia transicional: (1) investigación de Verdad, (2) realización de las Justicia efectiva (con la rendición de cuentas y responsabilidades por parte las personas implicadas y su inhabilitación para elejercicio de cargos públicos) y (3) la implementación de medidas de Reparación,incluidas las garantías de no repetición. Podría ser materia de debate la periodización en el tratamiento a las víctimas, a través de varios decretos, pero en cualquier caso, no puede admitirse la distorsión y manipulación histórica acerca de hechos que tienen la misma raíz socio-política. Es evidenteque nada de esto se ha realizado en el Estado español. El ejemplo más patente esla continuidad en la impunidad y en el ejercicio de la jefatura del Estado del heredero político del genocida Francisco Franco: el monarca Juan Carlos de Borbón.
El Decreto excluye de la consideración de víctimas a “aquellas personas que pudieran haber resultado fallecidas o heridas como consecuencia dela propia realización de actos violentos". Esta exclusión no se hace desdeuna perspectiva de un Estado de Derecho democrático sino que los actos soncalificados como violentos e ilegítimos en base a la legalidad del propio régimen totalitario franquista. Desde esa perspectiva, además de legitimar la legalidad franquista, serían calificadas como ilegítimas todas las actividadesde resistencia a la uniformidad que el franquismo pretendía imponer. Bajo este criterio fueron calificadas como acciones violentas punibles todas las acciones armadas protagonizados por quienes resistieron al franquismo desde el mismo momento en que se produjo el golpe de Estado de 1936. También fueron calificados como actos violentos los protagonizados por los trabajadores asesinados en Gasteiz en marzo de 1976, a los que se acusó de terroristas. De esta forma, ni siquiera se reconoce el derecho a la legítima defensa y alejercicio de las diferentes formas de lucha por la consecución de las libertades políticas y sociales.
La convivencia que se dice pretender alcanzar solo puede ser consecuencia de que se den pasos precisos y efectivos en todosaquellos aspectos políticos, sociales, culturales, etc. en que sea necesario. Pero no parece ser este el objetivo de este Gobierno y quienes lo sustentan, más pendientes de seguir apuntalando el estado de impunidad sobre los crímenesde lesa humanidad cometidos.
