La coordinadora Lau Haizetara Gogoan, que agrupa a gran parte de los colectivos memorialistas de Euskal Herria, hace una valoración sobre el “estudio” realizado por el Ararteko, en el que se analiza el significado y políticas públicas en la CAPV para la superación de situaciones de vulneración de DDHH que sufren las victimas de la rebelión militar de 1936 y la dictadura franquista. Lau Haizetara Gogoan subraya el hecho de que el presente estudio tiene su origen en la denuncia presentada por la coordinadora ante el Ararteko, en el 2011, sobre las políticas públicas de las instituciones de la CAPV, por ser contrarias al derecho internacional y los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación, incluidas las garantías de no repetición. La demanda presentada y las exigencias en ella planteadas obligaron al Ararteko a implicarse en un debate en se encontraba ausente. Sin embargo, las buenas intenciones declaradas en un primer instante por el Arateko, se fueron convirtiendo en maniobras dilatorias con la clara intención de desdibujar los objetivos de la denuncia. La falta de contenidos efectivos de este “estudio”, más allá de exponer un repertorio jurídico internacional, previamente entregado por la propia coordinadora, es una muestra más en esta trayectoria insípida y huidiza adoptada por esta institución ante un tema cuya gestión se evidencia como peligroso para el mantenimiento del status quo socio-político general y el profesional.
El día 9 de febrero de 2012, el Ararteko ha dado a conocer los resultados de un estudio sobre el significado y políticas públicas en la CAPV en materia de derechos de las victimas de la rebelión militar de 1936 y el régimen franquista. En el origen de esta iniciativa se encuentra la denuncia presentada por LHG ante el Ararteko, exigiendo responsabilidades institucionales por el permanente incumplimiento de la legalidad internacional en materia de respeto de los derechos que asisten a las victimas a conocer la verdad, a la justicia efectiva y a la reparación, incluidas las garantías de no repetición. Es un dato muy significativo sobre la intencionalidad de este estudio el hecho de que en el preámbulo de dicho estudio no se haga mención a esta circunstancia objetiva y documentalmente registrada.
Durante los meses de enero y octubre de 2011 hemos ido compartiendo con el Ararteko numerosas propuestas de trabajo, una abundante documentación sobre legalidad internacional y diferentes valoraciones sobre la nula voluntad de las instituciones de la CAPV por respetarla, con lo que, en opinión de LHG, convertían a las mismas y sus gestores en colaboradores necesarios en el mantenimiento de esta situación de vulneración de derechos y la impunidad de sus causantes. En el tiempo en que han durado las reuniones conjuntas entre el Ararteko y LHG, se convino en organizar un foro de debate, a celebrar el mes de noviembre de 2011, con el propósito de realizar un diagnóstico de las políticas públicas, motivo de la denuncia presentada por LHG. En marzo de 2011 se produjo una quiebra en los términos y los contenidos convenidos con el señor Iñigo Lamarka, quien optó por diseñar un foro de debate, a la medida de la selecta y limitada lista de asistentes, compuesta, principalmente, por los mismos responsables institucionales que eran, y siguen siendo, precisamente, motivo de interpelación de la denuncia presentada por LHG.
Una vez más el Ararteko demuestra tener una habilidad especial en la gestión de los tiempos y las situaciones, habilidad que podría valorarse como virtud, si esto redundase en beneficio del reconocimiento efectivo los derechos antes mencionados, pero no es este el caso, ya que lo que se constata es que la prioridad de este proceder, es evitar cualquier circunstancia que impliquen correr riesgos prematuros, hasta tanto no se den las condiciones socio-política que ofrezca unas mínimas garantías de estabilidad y permanencia profesional.
Es en este contexto general de juego de intereses y riesgos medidos en el que se inserta el estudio presentado por el Ararteko. Un estudio que no aporta nada nuevo que se limita a la exposición de un repertorio normativo de carácter internacional (referenciada, publicada y entregada por LHG a todas las instituciones públicas) y que no responde, en absoluto, a los términos de la denuncia presentada por LHG, esto es, describir de manera objetiva, la situación de graves vulneraciones de derechos humanos demandados a la luz de la legislación internacional, definir las responsabilidades en que se incurren de su incumplimiento e instar, a las instituciones implicadas en la perpetuación de tales vulneraciones a su rectificación. Todo lo demás, son solamente poses de salón, puro oportunismo.
