En el aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco.
Publicado en torno al 7 de octubre de 2010
A finales de 2008, a punto de concluir la pasada legislatura, el Parlamento Vasco instaba a los gobiernos central y autonómico a la creación de Comisiones de la Verdad (CV) para esclarecer las vulneraciones de derechos humanos ocurridas a partir del alzamiento militar del 18 de julio de 1936. Desde la Dirección de DD.HH. del Gobierno de Gasteiz se encarga a la Coordinadora Lau Haizetara Gogoan y a otros organismos que trabajan en el campo de los DD.HH. la elaboración de dictámenes sobre las condiciones que debería reunir una futura CV en Euskadi (entendido este término en su sentido mas restringido de comunidad autónoma de 3 provincias).
Sin abstraernos de la actual división política e institucional, en nuestra propuesta sobre el ámbito territorial de trabajo de la CV, se ha establecido el conjunto de Euskal Herria como espacio de análisis e intervención.
En primer lugar, hay razones históricas ligadas al espacio-tiempo de la rebelión militar de 1936. Desde la proclamación de la II República española surgen distintos proyectos de estatuto vasco. En un primer momento se barajó la posibilidad de crear estatutos provinciales (e incluso uno para las Encartaciones de Bizkaia). Proyectos posteriores abarcaban, en algunos casos, las 4 provincias de Hegoalde (el de Euzko-Ikaskuntza y el conocido como “Estatuto de Estella”). El redactado por las gestoras provinciales, aprobado en referéndum en 1933, solo incluiría a las 3 provincias “vascongadas”. Nunca entraría en vigor, al ser bloqueado tras la llegada de la derecha al gobierno.
Con la victoria del Frente Popular en febrero del 36, se reavivan los esfuerzos para crear una autonomía de 4 provincias. El nacionalismo vasco y la izquierda de ámbito estatal habían evolucionado y no estaban tan alejados entre sí como 5 años atrás. El alzamiento militar aborta este proceso. El conocido como “Estatuto de Elgeta”, del que surgiría el Gobierno de Euzkadi, de cuya constitución se cumplen, este 7 de octubre, 74 años, sólo incluyó a 3 provincias de Hegoalde, condicionado por la situación de guerra, con la mayor parte del territorio vasco en manos de los sublevados.
Durante la Dictadura, las fuerzas antifranquistas tenían como referencia un ámbito “vasco-navarro” de trabajo. Tras la muerte del dictador, la práctica totalidad de estas fuerzas entendían una autonomía de 4 provincias como marco mínimo de actuación política, tanto si esta autonomía era vista como el final del trayecto (PSOE, PCE…) como si se entendía solamente como una etapa intermedia hacia una futura independencia (grupos partidarios de la Alternativa KAS). El propio Consejo General Vasco, órgano preautonómico, también reflejaba esta realidad. La negativa de los herederos ideológicos del franquismo a formar parte de una autonomía vasca y la progresiva aceptación de sus planteamientos por las fuerzas que provenían del antifranquismo (el PSN no se desgajaría del PSE hasta 1982), fue lo que provocó la actual división de Euskal Herria en varias autonomías.
Junto a las razones históricas existen otras metodológicas vinculadas a la continuidad espacio-temporal de la represión, así como a sus causas y sus responsables. En el avance militar de los fascistas (hasta la estabilización del frente en octubre del 36) y en su acción genocida en Euskal Herria, hay una continuidad territorial. Tampoco existía una diferenciación que pueda ser interpretada en base a la actual división autonómica en lo que se refiere a la composición y mando de las fuerzas militares, así como en la jefatura de las fuerzas protagonistas en la represión posterior, falange y requeté. En los episodios represivos del franquismo y post-franquismo hay, además, una unidad de las estructuras y mandos militares y policiales cuyo ámbito específico de actuación se va a centrar en Euskal Herria. Por lo tanto, sería un error, y un grave obstáculo para el desarrollo del trabajo de la CV, hacer abstracción de esta configuración del mapa de la represión franquista y la realidad socio-política que subyace.
Puede decirse que la actual división territorial e institucional es una derivación de la propia rebelión militar de 1936, una de las consecuencias a largo plazo de la victoria de los sublevados, al ser estos capaces, tras la muerte de Franco, de imponer la organización territorial del Estado. Esta imposición fue aceptada interesadamente por la mayor parte de las fuerzas políticas y sindicales provenientes del antifranquismo, como condición para la estabilidad del proceso de reforma. Esta situación ha generando la tendencia a proyectar hacia atrás una realidad inmediata, transplantando al pasado categorías políticas presentes, esto es, la realidad de la división autonómica actual; una realidad institucional que nace varias décadas después del inicio de los acontecimientos que se quieren analizar y juzgar a través de la CV.
Manuel Sainz, Gotzon Garmendia, Alberto Muñoz, Andoni Txasko y J. Ramón Garai.
