Los herederos políticos del franquismo, ya han manifestado su voluntad de frenar cualquier política orientada a reconocer los derechos de las victimas de la dictadura y el terrorismo de Estado.Lau Haizetara Gogoan * E.H
En fechas recientes se han dado a conocer las recomendaciones de la “comisión de expertos” creada por el Gobierno del PSOE con el objetivo de determinar el futuro del monumento funerario de exaltación del fascismo conocido como “Valle de los Caídos”, construido con el trabajo forzado de miles de antifascistas.
Han pasado 75 años desde el alzamiento militar del 18 de julio, 36 desde la muerte de Franco y más de tres décadas desde que se empezó a proclamar a los cuatro vientos que vivimos en un Estado democrático y “de derecho”. Han pasado ya 4 años desde que se aprobó la ley conocida como “ley de memoria histórica”, una ley que los movimientos memorialistas juzgamos como insuficiente e insatisfactoria para las víctimas del franquismo, una ley que, a día de hoy, ni siquiera ha cumplido sus muy limitados objetivos.
Es inadmisible que, en un Estado que se dice democrático y aconfesional, se plantee la necesidad de pedir la autorización de la Iglesia Católica para trasladar los restos de un criminal genocida como Francisco Franco, cuando la misma presencia de la Iglesia en el Valle de los Caídos es consecuencia directa del apoyo que la misma prestó al régimen franquista (autodenominado Nacional-Católico) y de la especial situación de privilegio que la dictadura otorgó a esta confesión religiosa.
Es inadmisible que los restos de miles de luchadores antifascistas (más de un millar procedentes de Euskal Herria), que fueron trasladados al Valle de los Caídos sin el consentimiento, e incluso sin el conocimiento, de sus familiares, permanezcan en ese lugar. Tampoco podemos aceptar que, con los métodos científicos disponibles en 2011 para la identificación de restos humanos, se hable de la imposibilidad de conocer las identidades de las personas enterradas en el Valle de los Caídos. Se hace necesaria, entre otras medidas, la creación de un banco de ADN para facilitar la entrega de los restos a los familiares, tal como demandan los movimientos memorialistas.
Es inadmisible que se plantee el futuro del Valle de los Caídos desde la equidistancia y el reconocimiento a las víctimas “de los dos bandos” de la “guerra civil”, cuando los únicos responsables del enfrentamiento armado y de la subsiguiente represión, fueron los militares sublevados el 18 de julio de 1936, apoyados por la clase terrateniente, la burguesía y la iglesia. La respuesta armada de los milicianos republicanos y gudaris antifascistas, se formó con un carácter netamente defensivo.
Es inadmisible que, cuatro años después de la aprobación de la “ley de memoria histórica”, el máximo símbolo material de los crímenes del franquismo y de la impunidad de sus responsables, como el Valle de los Caídos, pueda seguir siendo defendida por los herederos políticos del régimen franquista, como el baluarte de los valores históricos y culturales de la España eterna.
Es inadmisible que todo esto se plantee en un momento en el que el Gobierno que impulsó la “ley de memoria histórica” se encuentra actualmente en funciones y cuando el próximo Gobierno que vaya a formarse en el Estado, estará constituido, en una gran parte, por los herederos políticos directos del franquismo, que son quienes ya han manifestado su clara voluntad de frenar cualquier política orientada a reconocer los derechos a las victimas del alzamiento militar de 1936, la dictadura franquista y el terrorismo de Estado.
