Durante los últimos meses, desde el Gobierno Vasco, se ha hecho públicas distintas noticias relativas a la creación de un “Centro” o “Instituto de la Memoria”. Se ha hablado de búsqueda de consensos o de ampliaciones del presupuesto inicialmente previsto. Pero, en ningún momento se ha anunciado ningún cambio en lo sustancial de este proyecto: que está orientado a recordar fundamentalmente a las víctimas de ETA, y en menor mediada a las del GAL y otros grupos armados. Como ya denunciamos hace varios meses, cuando se empezaba a hablar de este asunto, la iniciativa deja fuera a las víctimas de lo que la clase política califica de “abusos y excesos policiales” o de “violencia de motivación política” (eufemismos acuñados para no llamar a las cosas por su nombre y reconocer que son víctimas del terrorismo de estado). También quedan excluidas todas las víctimas de la rebelión militar del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista, consecuencia lógica de que se trata de una iniciativa auspiciada por los herederos políticos directos del franquismo y por aquellos partidos políticos que, durante la llamada “Transición”, impusieron a su propia militancia el silencio y la aceptación de la impunidad sobre las graves vulneraciones de Derechos Humanos sufridas. Esta es la realidad que el Sr. Patxi López quiere ocultar y sobre la que insiste en mentir en sus últimas declaraciones publicadas en la prensa vasca. Sobre esta mentira quisieron construir el relato de la “Transición”, relato con el que se sigue queriendo justificar la renuncia a los objetivos defendidos por la resistencia antifranquista. Se niegan a superar las hipotecas y herencias políticas deudoras de la visión franquista de la historia, en aspectos como la configuración territorial del Estado y el modelo socio-económico.
La creación de un “Instituto de la Memoria”, planteada en estos términos, supone una afreta a la lucha antifascista y hacia los miles de ciudadanos vascos muertos, heridos, encarcelados, torturados y víctimas de todo tipo de vulneraciones de los derechos humanos, desde 1936 hasta la actualidad.
A diferencia de lo que pretende hacer el Gobierno Vasco, todas las experiencias conocidas a nivel internacional de creación de Institutos de la Memoria han tenido como objetivo la certificación de la superación de regímenes políticos dictatoriales y han pivotado sobre programas de actuación vertebrados por los 3 ejes fundamentales que establece la justicia transicional: (1) la investigación de la Verdad, (2) la aplicación de la justicia efectiva, y (3) la puesta en marcha de medidas de Reparación , incluidas las garantías de no repetición.
Quienes niegan los derechos de la mayor parte de las víctimas se convierten en cómplices de los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por los militares franquistas y sus herederos, en la medida en que contribuyen a mantener en el tiempo sus consecuencias y no se abordan las transformaciones socio-políticas necesarias para su no repetición. Por su carácter parcial y excluyente, el “instituto de la memoria” está llamado a convertirse en un símbolo más de la impunidad.
