Se cumplen 75 años desde el alzamiento fascista que dio inicio a la Guerra del 36

A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de esa guerra, las víctimas siguen exigiendo verdad, justicia y reparación.

Gara

Tal día como hoy, hace 75 años tuvo lugar el golpe fascista que desencadenó la Guerra del 36. Los primeros movimientos iniciaron un día antes, el 17 de julio, en Melilla, aunque no fue hasta el 18 cuando los primeros efectos se dejaron notar en la Península.

Euskal Herria no fue una excepción en este sentido, y se calcula que sólo en ese primer día, unas 3.000 personas fueron ejecutadas en Nafarroa.

El colectivo Lau Haizetara Gogoan, que agrupa a diversas organizaciones que trabajan en el campo de la memoria histórica, publica en la edición de GARA de hoy un artículo de opinión en el que recuerda los 75 años de impunidad de los que han gozado los artífices de la rebelión militar y todos aquellos que sustentaron el régimen franquista.

"Según el mapa de fosas publicitado por el Gobierno Español, que refleja solo una parte de los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por los franquistas durante la rebelión militar de 1936, en Euskal Herria quedan por esclarecer las circunstancias y las responsabilidades penales por más de 8.000 muertes por arma de fuego", explican.

"Quedan también por establecer –según recuerda Lau Haizetara Gogoan– la verdad, la justicia y la reparación para los miles de ciudadanos vascos muertos o heridos en bombardeos sobre población civil, para los más de 80.000 encarcelados e internados en batallones de castigo; para los más de 150.000 exiliados, para los 35.000 niños que tuvieron que ser evacuados, y un largo etcétera".

Por ello, los representantes de este colectivo han realizado un llamamiento a todas las instituciones públicas para que den pasos en el terreno de la memoria histórica.

Lau Haizetara Gogoan exige que no se equipare a víctimas y verdugos.

Sra. Mendia publicó un artículo que titula “Memoria compartida”, en el que se pone al mismo nivel a los responsables de la rebelión militar de 1936 y a los defensores de las libertades públicas.

Lau Haizetara Gogoan * E.H
Tras la publicación del artículo de Idoia Mendia, consejera de Justicia, titulado “Memoria compartida”, Lau Haizetara Gogoan denuncia que la misma clase política que discrimina a unas victimas frente a otras con la excusa de no “equiparar a víctimas y verdugos” (en lo que se refiere a la violencia de los últimos 40 años) equipara a las víctimas y a los verdugos de una violencia mil veces mayor, la desatada por la rebelión militar del 18 de julio de 1936.
El 16 julio la Sra. Mendia publicó un artículo que titula “Memoria compartida” (Grupo Correo: http://www.diariovasco.com/v/20110716/opinion/articulos-opinion/memoria-compartida-20110716.html ).
En él, repitiendo un discurso que viene siendo habitual en las últimas décadas, pone al mismo nivel a los responsables de la rebelión militar de 1936 y a los defensores de las libertades públicas. La Sra. Mendía pierde toda perspectiva histórica al no tener en cuenta que todas las victimas (en combate o por represión) fueron consecuencia de la propia rebelión militar, cuyos artífices dieron comienzo a los asesinatos en masa, la misma noche del 17 al 18 de julio. Es sorprendente que quien ostenta la consejería de justicia, desconozca que “el causante de la causa es el causante del mal causado”.
Además existen notables diferencias cuantitativas y cualitativas respecto a la represión ejercida por los franquistas. Cuantitativamente, en el Estado, las victimas provocadas por el fascismo son el triple. En el caso de Euskal Herria, casi diez veces más. En lo cualitativo, los militares sublevados dieron las órdenes para eliminar a aquellos que se oponían a su proyecto totalitario. Esta eliminación fue planificada y sistemática, se cometió un verdadero genocidio político, especialmente en Nafarroa, allí donde dice que "triunfó", de forma natural, el golpe militar. Las mayores y más numerosas fosas comunes se encuentran en aquellas zonas en las que no pudo organizarse resistencia alguna a los militares franquistas. ¿Acaso se olvida la Sra. Mendia de los miles y miles de militantes de su propio partido que fueron víctimas de la represión fascista y que en muchos casos aún siguen desaparecidos? Por el contrario, la violencia desatada en territorio republicano, fue circunstancial y contraria a las órdenes de las instituciones políticas y militares.
La misma clase política que, cuando se trata de la violencia producida en los últimos 40 años (que ha causado centenares de muertos) discrimina a unas victimas frente a otras con la excusa de no “equiparar a víctimas y verdugos”, no tiene ninguna vergüenza en equiparar a víctimas y verdugos de la violencia generada por la rebelión militar del 18 de julio de 1936 que, no lo olvidemos, causó centenares de miles de muertos.
75 años después se siguen vulnerando el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a la justicia efectiva y a la reparación, incluidas las garantías de no repetición. Mientras no se eliminen todos los obstáculos que hacen posible la impunidad de los criminales, hablar de equiparaciones resulta gravísimo.
El Gobierno Vasco no quiere compartir la memoria, sino ocultar y seguir manteniendo una realidad dividida, a través de un discurso que equipara a personas y situaciones diferentes e incluso opuestas. La obligación de la consejera de Justicia, es restaurar los derechos de miles de víctimas causadas por los sublevados, sus cómplices y sus herederos; usted, Sra. Mendia tiene el ineludible deber de posibilitar la superación de este estado de impunidad. Si la consejera de justicia es incapaz de discernir la diferencia entre quienes sepultaron en las cunetas a cientos de miles de ciudadanos indefensos y aquellos que lucharon en defensa de los derechos humanos, civiles y políticos sustanciados en la legitimidad republicana, Sra. Mendía tiene la obligación de dimitir o, en su defecto, debería de ser inmediatamente cesada en sus funciones por el propio presidente del Gobierno.

18 de Julio: 75 años de impunidad

Lau Haizetara Gogoan * E.H
Hubo un príncipe, Juan Carlos de Borbón, que, para ser Rey, juró lealtad a la «legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios», haciendo con ello apología del genocidio político y los crímenes de lesa humanidad
Hubo un 18 de julio de 1936 en el que unos militares fascistas se rebelaron contra la legitimidad republicana y atacaron con sus armas de guerra a una población civil indefensa. Se inició una lucha desigual en la que el pueblo en armas nunca tuvo, para defenderse, los mismos medios que los golpistas, que contaban con la ayuda de las potencias fascistas europeas y de mercenarios marroquíes. La victoria fascista supuso la instauración de un régimen sustentado políticamente en el asesinato y la tortura, en el robo y la explotación. Según el mapa de fosas publicitado por el Gobierno Español, que refleja solo una parte de los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por los franquistas durante la rebelión militar de 1936, en Euskal Herria quedan por esclarecer las circunstancias y las responsabilidades penales por más de 8.000 muertes por arma de fuego. Quedan también por establecer la verdad, la justicia y la reparación para los miles de ciudadanos vascos muertos o heridos en bombardeos sobre población civil, para los más de 80.000 encarcelados e internados en batallones de castigo; para los más de 150.000 exiliados, para los 35.000 niños que tuvieron que ser evacuados, y un largo etcétera..
Hubo una resistencia que, en los años posteriores a la victoria fascista, tomó la forma de guerrilla rural hasta los años 50 y posteriormente trasladó su lucha al ámbito urbano. En la segunda mitad de los 60 se reactivaron con fuerza las luchas obreras. La respuesta del régimen fue un incremento de la represión: asesinatos, despidos, prisión y destierro.
Hubo un príncipe, Juan Carlos de Borbón, que, para ser Rey, juró lealtad a la «legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios», haciendo con ello apología del genocidio político y los crímenes de lesa humanidad. Ahí se establecieron las bases para la continuidad del régimen. La impunidad se irá apuntalando con leyes como la de reforma política de 1976, la ley de punto final (llamada «de amnistía») de 1977 o la constitución de 1978. Durante este proceso los adictos al franquismo se vistieron de demócratas, sin responder por sus crímenes ni abjurar de sus antiguas lealtades. Toda la estructura de poder franquista pasó incólume al nuevo Estado.
Hubo una continuidad con el franquismo y la persistencia de la represión tomó cuerpo en el terrorismo de Estado. Desde finales de los 60 hasta el presente las consecuencias de esta represión se evidencian en: varios centenares de asesinatos, más de mil heridos, más de 20 mil detenidos, habiendo claros indicios de que una gran parte de los mismos han sufrido torturas (práctica que ha sido sistemática hasta, al menos, la segunda mitad de los 80). Este mapa quedaría incompleto si no incluyésemos las múltiples vulneraciones ligadas a la política penitenciaria o las represalias socio- laborales que han sufrido miles de personas. Todas estas vulneraciones de derechos deben de analizarse bajo estrictos criterios de defensa de los derechos que asisten a las victimas, criterios que fueron aprobados por las Naciones Unidas (Informe Joinet, 1997; e Informe Orentlicher, 2005) y que son sistemáticamente incumplidos por las instituciones del Estado, incluidas las autonómicas.
Hubo un 18 de julio, y los sublevados trazaron, a sangre y fuego, una nítida línea divisoria entre vencedores y vencidos: triunfo y privilegios para unos, sometimiento y discriminación para otros. Esta pauta definirá el régimen franquista y la harán suya sus herederos políticos e institucionales. La dualidad social, nacida de una lógica de guerra, seguirá vigente en sus resultados mientras no se aborde en toda su dimensión el problema de las victimas del franquismo y el terro- rismo de Estado. Los gobiernos de turno le seguirán dando continuidad por muchos homenajes e inauguraciones de monumentos que presidan. En la política, como en la historia, son los hechos y los comportamientos humanos los que definen la verdadera voluntad de los actores sociales, mucho más que las palabras dichas para no ser cumplidas.
En los últimos meses se han producido cambios que han dado una mayor presencia, en las instituciones locales y forales, a fuerzas políticas que, al menos en teoría, mostrarían una mayor dispo- sición a desarrollar políticas integrales de recuperación de la memoria histórica. En los próximos meses veremos si esto se traduce en hechos o la clase política, en su conjunto, vuelve a defraudarnos.
Hubo un 18 de julio de 1936, y sus consecuencias perduran aún, con la misma fuerza con la que la tierra de las cunetas oprime los cuerpos sepultados de miles de personas asesinadas por los genocidas franquistas.

Documento de mínimos “Oroimenaren Giltzarria”

Lau Haizetara Gogoan * E.H
“Oroimenaren Giltzarria” documento en el que se definen “las condiciones mínimas exigibles para la implementación de políticas públicas de recuperación de la Memoria Histórica”

“LAU HAIZETARA GOGOAN” PRESENTA EL DOCUMENTO “OROIMENAREN GILTZARRIA” EN LA QUE SE DEFINEN LAS “CONDICIONES MINIMAS EXIGIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA”

DOCUMENTO DE MÍNIMOS. “Oroimenaren Giltzarria” es el documento de mínimos, con el que se quiere establecer con claridad las pautas de comportamiento, las metodologías y las condiciones que las instituciones públicas deben de respetar y cumplir, para que su actuación pueda ajustarse a los requisitos establecidos por el derecho y la jurisprudencia internacional que instituye, el desarrollo integral para la recuperación de la memoria histórica, de los siguientes tres ejes vertebradores: la investigación de la verdad, la realización de la justicia efectiva y la implementación de medidas de reparación, incluidas las garantías de no repetición.

DISTINTIVO DE VALIDACIÓN: “Oroimenaren Giltzarria”. Los programas de actuación que respeten estas condiciones podrán ser acreedoras del distintivo que, junto al documento, se ha presentado hoy, en prueba de reconocimiento y validación de la labor realizada por la institución política, científica o agente social afectado.

Este documento adquiere una especial relevancia en el actual contexto elecciones y compromisos políticos para que los ciudadanos puedan medir con nitidez la verdadera voluntad de solución de las vulneraciones de derechos que sufren las victimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado.

CONDICIONES MINIMAS EXIGIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

1) Garantizar la PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES de familiares y víctimas del Genocidio franquista y el terrorismo de Estado  y de la recuperación de la Memoria Histórica, en el proceso de elaboración, implementación y evaluación de de los programas de actuación.
2) Garantizar la existencia de una VISIÓN INTEGRAL Y COHERENTE en los programas vertebrados por estos tres ejes de actuación: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

3) VERDAD:
3.1) Definir las causas y consecuencias de la represión sufrida por la ciudadanía vasca, respetando su identidad política, social y cultural.
3.2) Elaboración del censo de todas las personas y categorías de vulneración de derechos, con el fin de restituir los derechos adscritos a la ciudadanía.
3.3) Impulsar y en su caso participar en la elaboración de mapa de fosas, exhumación de restos y de un banco de ADN.
3.4) Impulsar y/o implementar programas para la organización catalogación de archivos históricos y recuperación de documentación oral, gráfica y audiovisual.

4) JUSTICIA.
4.2.1) Promover y/o apoyar las iniciativas que exijan la anulación de la ley de amnistía de 15/10/1977. Asumir esta anulación como un principio democrático básico.
4.2.2) Garantizar la asistencia jurídica a las victimas, habilitando medios económicos y técnicos suficientes para dar inicio a los procedimientos judiciales necesarios para la consecución de la justicia plena.
4.2.3) Activación del protocolo de recogida de testimonios y su correspondiente articulación documental, con el fin de dar validez procesal ante la administración judicial competente.
4.2.4) Exigir e impulsar todas las iniciativas que promuevan la anulación de todos los sumarios, expedientes y sentencias condenatorias realizados por el régimen autoritario.
4.2.5) Exigir e impulsar todas las iniciativas que promuevan la consideración de los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad y genocidio.

5) REPARACIÓN, INCLUIDAS LAS GARANTIAS DE NO REPETICIÓN.
5.1) Evaluar, en toda su dimensión, la deuda (humana, social, política y económica) para con las victimas, en orden a la reparación de las vulneraciones definidas y validadas, a través de la investigación de la verdad.
5.2) Impulsar en todas las localidades la rehabilitación de funcionarios públicos y trabajadores de las instituciones (públicas y privadas) que fueron expedientados, depurados y despedidas como consecuencia de su adscripción ideológica, política, sindical.
5.3) Eliminación de simbología y toponimia relacionada con el régimen autoritario, así como cualquier mención honorífica a personalidades del régimen que no se retracten de los crímenes cometidos por el mismo.
5.4) Elaboración de un censo de “lugares de la memoria” y su declaración como “zona protegida no urbanizable” el los PGOU y en las diferentes normativas urbanísticas.
5.5) Exigir e impulsar la elaboración de un plan de transmisión generacional de la memoria histórica.
5.6) Exigir e impulsar medidas que garanticen la no repetición de las vulneraciones de DDHH, civiles y políticos de toda la ciudadanía.
5.7) Reconocimiento de la deuda histórica del Estado español, para con el euskera y la cultura vasca.

6) Exigir e impulsar la creación de la COMISIÓN DE LA VERDAD DE EUSKAL HERRIA, como instrumento para, superando las leyes de punto final, recabar la necesaria documentación, obtener elementos indiciarios para el inicio de procesos judiciales y elaborar propuestas de reparación, incluidas las garantías de no repetición.

Postura de Lau Haizetara Gogoan ante la ponencia del Parlamento sobre "otras víctimas" no se ajusta a la legislación internacional.

Gasteiz * E.H
La coordinadora que agrupa a colectivos memorialistas, asociaciones de víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de Estado en Euskal Herria, Lau Haizetara Gogoan (LHG), denuncia que la ponencia del Parlamento sobre "otras víctimas" no se ajusta a la legislación internacional....

Lau Haizetara Gogoan recuerda que el dolor «no es patrimonio de nadie».

La agrupación Lau Haizetara Gogoan criticó ayer las diferencias existentes entre las víctimas del conflicto que vive Euskal Herria. Por ello, LHG exigió que se reconozcan como víctimas del terrorismo de Estado a todas las personas que han padecido la violencia de las FSE.

Gara

La agrupación Lau Haizetara Gogoan recordó ayer que el dolor «no es patrimonio de nadie», y exigió que se traten como víctimas del terrorismo de Estado a todas las personas que han sufrido en primera personas la violencia ejercida por las FSE, antes y después de la transición. En una rueda de prensa, los portavoces de LHG, Gotzon Garmendia y Andoni Txasko, evidenciaron su desacuerdo con la ponencia sobre víctimas de motivación política puesta en marcha el pasado lunes en la Cámara de Gasteiz. Una mesa que, según explicaron, ha tomado como punto de partida un informe «carente de la necesaria cualificación, trayectoria y referencialidad»; en el que se tienen en cuenta criterios «discriminatorios y atenuantes». Para solucionar dichas anomalías, Garmendia anunció que LHG iniciará esta misma semana una ronda de contactos con los partidos políticos presentes en la ponencia parlamentaria, todos a excepción de PP y UPyD, dos formaciones que ya han mostrado su rechazo a la equiparación de las víctimas.

En las reuniónes, previstas antes del día 26 de julio, la agrupación propondrá la elaboración de un nuevo informe, redactado por un equipo multidisciplinar e independiente, formado por personas con una probada trayectoria profesional en defensa de los Derechos Humanos. Además, Txasko y Garmendia criticaron la ausencia de las asociaciones de víctimas en la ponencia, y reclamaron la creación de una «comisión de la verdad» en la que se haga público el censo de víctimas del terrorismo de Estado. Según los informes con los que trabaja la coordinadora, en Euskal Herria la cifra de víctimas del terrorismo de Estado oscila entre las 8.000 y las 11.000, de las que medio millar serían mortales.

A parte, Txasko lanzó una pregunta al presidente del PP en la CAV, Antonio Basagoiti, para quien no existen dos tipos de víctimas, sino «víctimas y verdugos». El representante de LHG, preguntó al político donde ubicaría a Fraga, «¿con las víctimas o con los verdugos?».

La coordinadora que agrupa a asociaciones de víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de Estado denuncia que la ponencia del Parlamento de Gasteiz no se ajusta a la legislación internacional.

Lau Haizetara Gogoan * E.H
La coordinadora que agrupa a colectivos memorialistas, asociaciones de víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de Estado en Euskal Herria denuncia que la ponencia del Parlamento sobre “otras víctimas” no se ajusta a la legislación internacional.
Postura de Lau Haizetara Gogoan (LHG) ante la puesta en marcha de la ponencia en el Parlamento de Gasteiz sobre lo que denominan “víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política”.

Se obvia el marco de la legalidad internacional...
La ponencia se sustenta en un informe que ha sido elaborado por una entidad que carece de la necesaria cualificación, trayectoria y referencialidad para tratar materias de este calado y características. El texto evidencia la ausencia de un trabajo de documentación jurídico, histórico y sociológico, imprescindibles para la consecución de unos resultados mínimamente objetivos. Para la elaboración de este informe no se han realizado las consultas pertinentes a las victimas, las asociaciones y personas cualificadas que han tomado parte en la definición jurídico-política de esta materia. En definitiva, no se ajusta a la legalidad y la jurisprudencia internacional. No se definen las categorías de las vulneraciones que quedarían afectadas por el trabajo de la ponencia, y además se establecen criterios discriminatorios y atenuantes en función:
a) Del momento en que se han cometido las vulneraciones de derechos, encuadrándolos, además, en base a unos períodos cronológicos, que se establecen de manera arbitraria, y que no se ajustan a parámetros históricos contrastados ni aceptados por la comunidad científica.
b) De las personas físicas o jurídicas bajo cuya responsabilidad se cometen las vulneraciones, dando a entender que, en aquellos casos en que las personas físicas susceptibles de investigación por comisión de delitos de vulneración de derechos pertenecen a la administración del Estado, dicha pertenencia es una causa atenuante (que podría derivar en exculpatoria), cuando, muy al contrario, esta condición debería de considerarse como agravante, en la medida en que es responsabilidad y deber del propio Estado la defensa activa de dichos derechos y, en consecuencia, evitar tales vulneraciones.
Todo esto provoca que cientos de personas queden excluidas de la consideración de víctimas de violaciones de derechos fundamentales. Se manipula la realidad histórica, política y jurídica para evitar la categorización de las violaciones como crímenes de lesa humanidad. Se rompe con el principio jurídico del respeto a la igualdad de derechos y trato ante la ley. Se niega la participación de las victimas, familiares y asociaciones. Se oculta el censo de victimas y se obvia el derecho a las garantías de no repetición, con lo que se perpetua el estatus quo socio-político que las generó. En definitiva, se mantiene la impunidad de sus responsables, y se niega el derecho a la Justicia.
La violencia sufrida por los ciudadanos que es motivo del análisis de esta ponencia ha sido ejercida por los aparatos del Estado y debe de conceptuarse como: Terrorismo de Estado.
Ante esta situación LHG ve necesaria la elaboración de un nuevo informe por un equipo multidisciplinar e independiente, formado por personas de probada trayectoria profesional y/o implicación en la defensa de los DDHH, el respeto de la legalidad internacional y el principio jurídico del respeto a la igualdad de derechos y trato ante la ley. Tomando como base el censo ya existente (elaborado por la Ponencia de víctimas de la violencia de 1999-2000 y la Dirección de DDHH durante los años 2007/2009) y otras investigaciones históricas o sociológicas publicadas hasta el presente, las instituciones deben activar los mecanismos para que el mapa del sufrimiento provocado por el terrorismo de Estado en las últimas décadas se complete en su totalidad.

Memoriaren Bideak homenajeará este sábado a los represaliados del franquismo con un acto en el alto Igal-Vidángoz

EUROPA PRESS.
La asociación Memoriaren Bideak celebrará este sábado, 18 de junio, en el monolito del alto Igal-Vidángoz un acto de homenaje a "los 2.300 prisioneros represaliados del franquismo que realizaron la carretera entre Igal y Vidángoz y el tramo de pista que une con Roncal".
Con este acto, la agrupación se propone también "homenajear a todos sus familiares y a aquellas personas de los valles que fueron represaliadas como consecuencia del golpe de 1936". Además, este año tendrá un lugar especial Juantxo García de Azilu, compañero del colectivo y una de las personas que más hizo por que este homenaje saliera adelante.
En una nota, la asociación ha señalado que el acto, que será presentado por Juan Kruz Lakasta, dará comienzo a las 12.30 horas en el monolito del alto Igal-Vidángoz y en él participarán miembros de diferentes colectivos dedicados a la recuperación de la memoria en torno a la represión franquista, como La Barranca (La Rioja), Amicale du Camp de Gurs, Lau Haizetara Gogoan, el Autobús de la Memoria, y Collectiu Republicà del Baix Llobregat.
Como otros años, el acto cuenta con el apoyo del Instituto Gerónimo de Uztáriz, el Ayuntamiento de Vidángoz, y la con la colaboración de Quesos Larra y Quesos Ekia. Una vez finalizado el homenaje, se celebrará una comida popular autogestionada en la plaza de Vidángoz.
La asociación Memoriaren Bideak ha animado a la participación en este homenaje para que "desde el reconocimiento a las víctimas de la represión franquista se realice una denuncia del fascismo, del recorte de libertades y derechos a millones de personas, y una denuncia de todas las guerras".

Fusilatuak Donostian omenaldia

386 donostiar fusilatuak 1936an, omenaldia Donostian 2011-4-16an, 7 gorpu azaldu ziren lekuan Burnizko zubian. Karakola, txalaparta, hitzaldia Egaña historialariak, bertsoak, lore eskaintza, ohorezko aurreskua, internazionala eta gudariak abestuz amaitzeko. Egia, justizia, erreparazioa.

República vs. monarquía o cuando la ley nace del crimen.

Un Estado con estos orígenes y características no puede presentarse, ante las víctimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de estado, como garante de derechos, pues es deudor de un régimen político dictatorial del que aún no se ha desvinculado

Lau Haizetara Gogoan

Cada ley lleva en su seno una determinada forma de entender la justicia, por lo tanto, la ley no es justicia en sí, sino una manera muy definida de entenderla y administrarla, condicionada por los poderes socio-políticos y económicos que la sustentan.

Cada parte activa en la elaboración y administración de las leyes apela a un marco normativo de referencia para su legitimación y homologación. En el Estado español se ha pasado de basar la legitimidad en la victoria militar («por la gracia de Dios») de los sublevados el 18 de julio de 1936, a buscarla en las instituciones representativas con poder legislativo (los parlamentos). Pero la sanción de las leyes por esta vía no es condición suficiente para poder homologarlas a unos estándares aceptados por la comunidad jurídica internacional. Y esto se debe a que el Estado, encarnado en la actualidad en la «monarquía constitucional», arrastra la rémora histórica de haberse cimentado en la impunidad sobre probados crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Se cumplen ahora 80 años de la proclamación de la II República. Ha sido, hasta la fecha, el único sistema de gobierno nacido como consecuencia de la voluntad popular y que se desarrolló bajo una expectativa política real de ruptura con el régimen dictatorial y monárquico. El resultado de unas elecciones municipales fue interpretado por el conjunto de la población como un plebiscito sobre la forma de gobierno.

El 18 de julio de 1936 se produce el «alzamiento», un delito de rebelión militar acompañado por la comisión de múltiples crímenes de lesa humanidad.

El triunfo de los sublevados impuso una forma de entender la legalidad basada únicamente en la fuerza, en la que la aceptación por parte de la ciudadanía no jugaba ningún papel. El mismo concepto de estado de derecho (tan a menudo utilizado hoy como sinónimo de democracia) fue introducido por los vencedores para legitimar su victoria. En su versión ibérica se sacraliza la ley independientemente de su origen. Se asume que quien tiene poder para imponerla tiene por ello el derecho de imponerla.

Tras la muerte de Franco, no se produce una ruptura con esta forma de entender la legalidad. Los gestores del «nuevo» régimen asumen el grueso de la herencia del dictador: impunidad, fosas comunes, represión, olvido, oligarquía, monarquía, himno y bandera. Los franquistas, marcando el ritmo con el ruido de los sables, establecieron la aceptación de este legado como condición. Las cúpulas de los partidos que venían del antifranquismo renunciaron a sus objetivos y a la historia tejida sobre la lucha de miles de gudaris y milicianos y azuzaron a sus bases sociales para que transitasen por el olvido, aceptasen la impunidad de los criminales franquistas y, también, que las miles de fosas comunes siguiesen formando parte del oculto paisaje de Euskal Herria y el Estado español.

Este contexto explica por qué las instituciones y partidos políticos herederos y deudores del franquismo se nieguan a utilizar términos como crímenes de lesa humanidad y genocidio al hablar de los crímenes cometidos por el Estado español. Tienen miedo a sus consecuencias, que no son otras que aceptar su obligación de anular las dos leyes de «punto final» vigentes (la de amnistía de 1977 y la conocida como «ley de memoria histórica» de 2007) y poner en marcha las medidas de justicia, ya que tales delitos son, por definición, imprescriptibles.

Existe una continuidad en los conceptos jurídicos y en los comportamientos políticos. Una continuidad en instituciones y personas (algunas responsables directas de los crímenes). Una continuidad en la preservación de la impunidad de los golpistas y sus continuadores, a quienes, habiendo ejercido como funcionarios del terror y la represión durante el régimen franquista, se les concede unos beneficios económicos y sociales por los daños sufridos en acciones realizadas por los opositores a dicho régimen. Y todo ello se desarrolla en un contexto en el que, a día de hoy, se siguen negando y vulnerando los derechos de las víctimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de estado.

Existe continuidad también en la persistencia de las vulneraciones sistemáticas de derechos, en la tortura, en la ilegalización de partidos, en la negación de la libertad de expresión, en la inexistencia (en la práctica) de la presunción de inocencia, en el no respeto al derecho a una identidad propia, en la conculcación de los derechos económicos y sociales de los trabajadores o en la participación en guerras (aspecto este último que habría sido inconstitucional durante la II República, cosa que estuvo muy presente, por ejemplo, en las protestas contra la guerra de Irak, en 2003).

El Estado español y los partidos impulsores de la «transición» son rehenes de su propia historia y repiten los esquemas del pasado. Mientras la clase política y los poderes que la sustentan no transiten por la vía de la legalidad internacional, seguirán siendo cómplices necesarios y continuadores de la herencia del dictador. Todo lo anteriormente mencionado: la impunidad, el olvido, la dualidad en el tratamiento de las víctimas, no es fruto del azar, sino consecuencia de los pactos establecidos con la oligarquía franquista. Mediante ellos se impuso al conjunto de la sociedad un modelo de gobierno, la monarquía, en la persona de un sombrío individuo, nombrado por el propio Franco, perteneciente a una familia responsable de los hechos más sangrientos de los tres últimos siglos de la historia del Estado español: la dinastía de los Borbones.

Un Estado con estos orígenes y características no puede presentarse, ante las víctimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de estado, como garante de derechos, pues es deudor, desde su base, de un régimen político dictatorial del que aún no se ha desvinculado, y sigue dando amparo a los responsables de los crímenes cometidos.