Jon Iñarritu, diputado de Amaiur * E.HEN los últimos años, la ONU ha amonestado al Reino de España, hasta en tres ocasiones y no es un tema concluso, por mantener la Ley de Amnistía de 1977, no investigar el franquismo y descuidar a las víctimas. Una de las cosas que más sorprende a Naciones Unidas es que siendo España, tras Camboya, el segundo Estado con mayor número de fosas comunes del mundo, desde el Gobierno del Partido Popular se haga bien poco o nada para remediar esta situación. Es más, hace unos días, en Bruselas se producía una protesta frente al Parlamento Europeo, debido a que el PP había vetado una exposición sobre las fosas comunes en España en los espacios habilitadas para exposiciones de esa institución.
De igual forma, el pasado 9 de mayo, mientras en la UE se celebraba el Día de Europa, conmemoración del triunfo de la democracia ante el totalitarismo nazi, en Madrid, el mismo día, el Ejecutivo español presionaba a la Cancillería argentina para paralizar la investigación que está desarrollando la juez argentina María Servini de Cubría sobre los crímenes del franquismo. Representantes del Gobierno amenazaron directamente a las autoridades argentinas sobre las consecuencias que sufrirían las relaciones de ambos países de seguir la investigación adelante. Por si quedaban dudas de cuál es la actitud del Gobierno frente a la memoria histórica y más concretamente frente a la norma aprobada en 2007.
Desde que el PP gobierna ha retirado la partida del presupuesto destinada a la Ley de Memoria Histórica y esa es la razón a la que se aferra para no haber retirado ni uno solo de los vestigios del franquismo catalogados. Pero lo curioso es que esas razones no han existido a la hora de instalar un busto a Fraga, reinstalar la estatua de un comandante franquista en Oviedo, homenajear a la División Azul o destinar 280.000 Euros para mejorar el Valle de los Caídos. Como se ve, no hay dinero para quitar vestigios, pero sí para renovarlos, reinstalarlos u homenajearlos. Una anécdota representativa es que en el Museo del Ejército, en varios paneles informativos, se califica al dictador de "Generalísimo D. Francisco Franco" y de "héroe de España". Borrar esa denominación tiene el coste de instalar un adhesivo, pero lo cierto es que no se trata de costes, sino de voluntad.
Consecuentemente con la línea marcada, el Ministerio de Justicia, este mismo año, ha dado luz verde a los procesos de sucesión de títulos nobiliarios, concedidos e inventados por Franco y concedidos a siniestros personajes como Queipo de Llano o Mola. ¿Sería imaginable en Europa un Ducado de Himmler, un Señorío de Pétain o un Marquesado de Mussolini? En España, lamentablemente, lo es.
Si bien es cierto que, todos conocemos quiénes fueron los fundadores de Alianza Popular (hoy PP) y su manifiesto inicial, claramente profranquista, también es cierto que, en el seno de esa formación existen sectores liberales que muestran total oposición al totalitarismo y defienden su vocación europeísta. Pero en este caso o son minoría o, lo que es peor, el totalitarismo franquista no les parece tan malo.
El Partido Popular se suele dirigir con tono inquisidor a diferentes formaciones vascas a la hora de solicitar condenas, perdones, arrepentimientos y conversiones en lo relativo al drama de la violencia vivida, en las últimas décadas en el País Vasco. En este caso, en cambio, no solo utiliza una doble vara de medir con las víctimas del Régimen, sino que día tras día, se dedica a incumplir la Ley de Memoria Histórica y, peor aún, banaliza, edulcora e incluso hace apología de una de las dictaduras que asolaron Europa en el siglo XX y que produjo miles de asesinatos y desaparecidos, entre ellos los bebés robados, y cientos de miles de personas detenidas y represaliadas.
Por todo ello y ante la vergonzosa actitud del Gobierno español respecto a las víctimas de la dictadura, seguiremos reclamando cien por cien de verdad, reparación y reconocimiento para todas las víctimas de la violencia, entre ellas, cómo no, las de la dictadura franquista.
