El máximo tribunal le limitó la estadía y restringió el trámite solamente a la ciudad de Madrid. Sorpresa de los abogadosLa jueza iba a iniciar el lunes una ronda de 91 declaraciones testimoniales con ex presos políticos y familiares de víctimas del franquismo.
Buenos Aires * Rep Argentina
La jueza María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal Nº 1 de la Capital, tenía previsto viajar este lunes a España para tomar 91 declaraciones testimoniales de las familias de las víctimas del franquismo. El plan de la jueza era trasladarse por tres ciudades (Madrid, Vigo y Barcelona) para escuchar los testimonios en el marco de la causa 4591/2010, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Francisco Franco entre la Guerra Civil Española y las primeras elecciones tras el final de la dictadura. Bajo el principio de la jurisdicción universal y de la imprescriptibilidad del delito de genocidio, Servini había programado su viaje a Madrid para el inicio de la semana. En España la esperaban ex presos políticos y familiares de fusilados por el franquismo que, tras 35 años de silencio, empezaban a esperanzarse con la posibilidad de la justicia. Sin embargo, a último momento, y cuando los abogados de la querella ni se lo imaginaban, la Corte Suprema le impuso un plazo muy acotado para el viaje (“no mayor a diez días”), con un solo destino (Madrid), y apenas un colaborador (“un secretario del juzgado a su cargo”) para toda la tarea que tenían por delante. La reacción de Servini fue categórica. Suspendió el viaje a España. Eso implica que las audiencias testimoniales solicitadas por la querella (en las que iban a declarar testigos de edad muy avanzada) no se concretarán nunca.
La noticia de la suspensión del viaje de Servini de Cubría sorprendió a los abogados que representan a las familias querellantes. La causa, caratulada “NN s/ genocidio”, fue iniciada en abril de 2010 por los descendientes de dos fusilados por la dictadura del Generalísimo. A principios de este año, tras un viaje a la Argentina, un grupo de cincuenta ex presos políticos españoles dio su testimonio ante la jueza federal. Habían sido torturados en los últimos años del franquismo, habían presenciado ejecuciones. En sus testimonios, los ex presos contaron cómo les habían aplicado tormentos que, por entonces, según la jerga de los captores franquistas, eran llamados la “barra”, la “bañera” o el “garrote vil”.
Los delitos cometidos durante la dictadura franquista entre 1936 y 1977 están amparados por una Ley de Amnistía dictada al iniciarse la transición hacia la democracia. En 2008, bajo el principio de “jurisdicción universal” que había utilizado para apresar a Augusto Pinochet, Garzón inició una causa para investigar las desapariciones de 100 mil personas. Esa decisión terminó con su carrera como juez. El Tribunal Supremo español (el equivalente de la Corte) lo inhabilitó para seguir actuando y le inició un juicio por el presunto delito de prevaricato, del cual fue absuelto. Su trayectoria judicial, eso sí, pasó a ser historia.
La suspensión del viaje de la jueza tuvo su detonante en la resolución 2282/2012 de la Corte, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino. Fechada el 4 de septiembre, y con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, la resolución autoriza a Servini a viajar a Madrid, “por un plazo no mayor a los 10 días” y “acompañada por un secretario del juzgado a su cargo”. La respuesta de Servini llegó a los dos días. Le comunicó al máximo tribunal que desistía del viaje porque “resulta materialmente imposible, para quien suscribe, en compañía de un solo funcionario, formalizar las 91 declaraciones testimoniales que solicitara la querella”. La jueza aclaró que había organizado el viaje alrededor de la ciudades de Madrid, Vigo y Barcelona (las tres cuentan con consulado argentino) pero con el criterio de “reducir al máximo la estadía y los viajes de la comitiva por el interior de España” (ver facsímil). Anoche, Tiempo se comunicó con el abogado David Baigún, uno de los patrocinantes de la querella, quien contó que el grupo de profesionales se reunirá la semana entrante para analizar qué hacer a partir de esta decisión.
